El viernes 24 de enero, la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra nueve personas por su presunta responsabilidad en irregularidades en los contratos para el mantenimiento del Parque de Las Aguas en Medellín durante el mandato del exalcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero.
Se trata de exservidores públicos, Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La Fiscalía también presentó escrito de acusación contra los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo; representantes legales de las empresas contratistas. Le puede interesar: Daniel Quintero en polémica por llamar “cobardes” a opositores de Maduro
La Fiscalía informó que los nueve procesados deberán responder en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de $17.450 millones para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Por su parte, Metroparques, como entidad ejecutora, hizo una invitación privada y con esta maniobra le entregó a una empresa privada, más de $2.415 millones. Lea también: Federico Gutiérrez denunció a Daniel Quintero: esta es la razón
Con el mismo objeto contractual, la entidad también habría entregado más de $1.131 millones a una segunda empresa particular, que sería una compañía de papel, y otros $848 millones a una tercera sociedad privada.
El material de prueba en poder de la Fiscalía, permitió establecer que de la totalidad de los recursos que se le giraron a estas tres empresas subcontratadas, se habrían apropiado ilegalmente de $2.800 millones.
Así mismo, la Fiscalía estableció que a partir de 2020 el Área Metropolitana cambió la modalidad de contratar el mantenimiento del Parque de las Aguas, vulnerando los principios de igualdad y pluralidad de oferentes. Finalmente, el ente acusador encontró que durante la ejecución de los citados contratos, al parecer, se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y deficiencias en el aporte de información de manera clara y oportuna.