En medio de la crisis violenta que se vive en Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación designó tres agencias especiales para intervenir en los procesos penales por el asesinato de tres firmantes de paz y un líder social en el Catatumbo. Hasta la fecha, las autoridades reportan al menos 40 personas muertas, 41.236 desplazadas y más de 12.000 confinadas. Según la Defensoría del Pueblo, municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú son los más afectados.
Así las cosas, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales nombró al procurador 284 Judicial I Penal de Ocaña para acompañar las diligencias por los asesinatos de Pedro Rodríguez Mejía y Albeiro Díaz Franco, ocurridos el 16 de enero en El Tarra y Teorama.
En tanto, el procurador 283 Judicial I Penal de Cúcuta seguirá los casos del líder social Pedro María Ropero Delgado, asesinado el 18 de enero en Tibú, y del firmante de paz Jhan Carlos Carvajalino Quintero, ultimado el 16 de enero en la vereda La Libertad, Convención. Le puede interesar: El impuesto que subirá el Gobierno Petro para atender crisis en el Catatumbo
Crisis de desplazamiento y confinamiento en el Catatumbo
Los enfrentamientos entre grupos armados han generado el desplazamiento masivo de 41.236 personas. Ocaña (9.974), Cúcuta (15.086) y Tibú (12.362) son los principales destinos de los desplazados, saturando los sistemas de atención humanitaria. Muchas familias han buscado refugio en residencias privadas o incluso cruzado la frontera hacia Venezuela, según la CIDH.
Adicionalmente, más de 12.000 personas permanecen confinadas, incluidas 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa. Esta situación ha afectado a 46.000 niños y adolescentes, quienes no tienen acceso a educación. Lea también: Es oficial: decretan conmoción interior por crisis en el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas en 2024 (No. 021-24, No. 026-24 y No. 007-24) sobre los riesgos en territorios con baja presencia estatal y economías ilícitas. Pese a las advertencias, la violencia en el Catatumbo se intensificó, agravando la crisis humanitaria. La CIDH ha hecho un llamado urgente para atender a las víctimas y fortalecer la presencia estatal en la región.