Sigue en curso el juicio oral contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien responde por supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos. En medio de la audiencia, la juez 44 de Conocimiento rechazó de plano la recusación en su contra por parte de la defensa del exmandatario.
Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, argumentó en su recusación que la jueza ha sido imparcial y está torpedeando la actuación de la defensa.
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El jurista insistió en que con su conducta “está condenando a Álvaro Uribe sin haber visto la prueba, demostrando un afán de afectar la defensa con el fin de evitar que sea un juicio dilatorio”. Lea: Juicio contra Álvaro Uribe: reanudan proceso con nueva investigación
“Los prejuicios de la jueza afectan la capacidad de la defensa de demostrar su teoría del caso, debido a que hay una hostilidad y un sesgo que impiden que se pueda efectuar la práctica probatoria”, señaló durante el juicio oral el abogado defensor de Uribe.
Ante eso, la jueza 44 de Conocimiento se defendió e indicó que: “No van crucificar a la suscrita por el cumplimiento de mis funciones. He ofrecido las garantías y sí me he equivocado, pues mi superior funcional efectivamente ha emitido las correcciones y, como es mi deber, las he acatado oportunamente. ¿Por qué? El único interés es, repito, resolver de una manera rápida la situación del señor Uribe Vélez que, como quiera que estamos frente a un proceso que está próximo a prescribir, me obliga a proceder de conformidad”. Le puede interesar: Confirman a Salvatore Mancuso como testigo en el juicio contra Álvaro Uribe
Un proceso de más de seis años
El caso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia investigaba al senador Iván Cepeda tras un debate de control político en el que presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos armados en Antioquia. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando varios testigos comenzaron a retractarse y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció presiones para cambiar su testimonio. Ante estos hallazgos, la Corte cerró la indagación contra Cepeda y abrió un proceso contra Uribe.
En 2019, la Sala de Instrucción del alto tribunal citó a Uribe a indagatoria ante el magistrado César Reyes y, en agosto de 2020, ordenó su detención domiciliaria. No obstante, antes de ser acusado formalmente, el exmandatario renunció al Congreso, lo que trasladó su expediente a la Fiscalía General de la Nación.
Desde entonces, la Fiscalía intentó en dos ocasiones archivar el caso mediante solicitudes de preclusión presentadas por los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, ambas rechazadas por los tribunales. Dos juezas negaron la preclusión solicitada por Jaimes y Cárdenas, este último apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Tras la negativa del Tribunal a la segunda petición, el camino hacia el juicio quedó despejado.
Durante la última audiencia, la Fiscalía anunció que además de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, se investigará a Uribe por el delito de soborno. Este nuevo cargo está relacionado con el caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, quien, según las investigaciones, habría recibido una oferta de soborno por parte del abogado Diego Cadena.