Un juez de Bogotá aprobó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien aceptó su participación en un entramado de corrupción dentro de la entidad y deberá pagar una pena de prisión de más de cuatro años.
En virtud de este acuerdo, Rodríguez Melo admitió su responsabilidad en los delitos de “concierto para delinquir” y “peculado por apropiación”, acciones que le costaron su libertad y un largo período de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Según lo estipulado en el preacuerdo, Rodríguez Melo deberá purgar una pena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión. Además, el exasesor enfrentará una inhabilidad constitucional perpetua para desempeñar cargos públicos debido a la gravedad del delito cometido en su calidad de servidor público. Esto es una consecuencia directa de su implicación en un esquema de corrupción que se valió de la gestión de los recursos destinados a la atención de desastres nacionales y calamidades públicas.
El acuerdo también incluye la restitución de 1.000 millones de pesos que Rodríguez Melo se apropió de manera ilícita. Hasta el momento, ha devuelto la mitad de la cantidad, comprometiéndose a pagar el saldo restante en dos pagos programados para enero de 2026 y 2027. Lea: Nuevo escándalo de corrupción superaría al de la Ungrd: esto se sabe
Para asegurar el cumplimiento de la devolución, el exasesor puso a disposición un predio en Tabio (Cundinamarca), cuyo valor comercial asciende a 958 millones de pesos, además de firmar un pagaré con codeudor.
Este acuerdo se enmarca en una investigación más amplia, que involucra a varios funcionarios y contratistas de la UNGRD. La Fiscalía ha identificado la existencia de lo que considera una “organización criminal” dentro de la entidad, encabezada por el entonces director de la UNGRD, López, y su subdirector Pinilla.
De acuerdo con las autoridades, esta red se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública emitidas por el gobierno para direccionar contratos a favor de empresas vinculadas a Luis Eduardo López, apodado “El Pastuso”. López es conocido por tener bajo su control más de 30 empresas, entre ellas Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S., todas involucradas en el escándalo. De hecho, varias de estas empresas ya han sido imputadas como parte del proceso judicial.
En las primeras fases de la investigación, la Fiscalía descubrió irregularidades en más de 20 contratos que estaban relacionados con la adquisición y alquiler de carrotanques, vehículos destinados a transportar agua potable a comunidades afectadas por desastres.
Dentro de este contexto, Rodríguez Melo fue señalado de presentar a Luis Eduardo López Rosero ante el entonces subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, para que este contratista fuera favorecido con una orden de proveeduría que le permitió suministrar 40 carrotanques para comunidades vulnerables en La Guajira.
Este acuerdo entre las partes resultó en un pago ilícito de 1.000 millones de pesos. Según la investigación, 300 millones de pesos fueron entregados en efectivo en un inmueble de Pasto (Nariño), mientras que los restantes 700 millones de pesos fueron consignados de manera directa. Esta estructura de pagos y coimas ha sido un punto clave en el proceso de investigación que aún sigue su curso.