Un error en la Secretaría de la Corte Constitucional ha generado un retraso en la decisión sobre la reforma pensional promovida por el Gobierno. El proceso deberá esperar al menos 30 días adicionales, luego de que se detectara que la magistrada Diana Fajardo no había sido apartada formalmente de la discusión, a pesar de haber solicitado un impedimento meses atrás.
El contratiempo se originó porque Fajardo presentó un impedimento el 16 de septiembre debido a que, en el pasado, había recurrido a la vía judicial para trasladar su pensión desde un fondo privado a Colpensiones bajo el régimen de prima media. Aunque desistió de la demanda, finalmente consiguió el traslado mediante la misma normativa que el Congreso modificó en la reforma. Esto generó un evidente conflicto de interés, por lo que debía apartarse del debate. Lea: La polémica propuesta de Gustavo Bolívar para defender la reforma pensional
Sin embargo, en la misma semana en que presentó su impedimento, la sala plena de la Corte tuvo que resolver una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del caso. En ese momento, Fajardo aún no estaba impedida y participó en la discusión. El problema surgió cuando la Secretaría de la Corte asumió, erróneamente, que su impedimento ya había sido aceptado sin que esto quedara formalmente registrado.
El proceso siguió su curso sin suspender términos. La procuradora general, Margarita Cabello, emitió su concepto sobre la reforma y el magistrado Ibáñez presentó su ponencia, que favorece la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia para tumbar la reforma.
La base del argumento es que en el último debate en la Cámara de Representantes no se discutió el articulado, sino que se acogió directamente el texto aprobado en el Senado. Debido a este error, se adelantaron etapas que no debieron ocurrir mientras el impedimento de Fajardo no estuviera resuelto formalmente.
Cuando los magistrados advirtieron el error, se reunieron para determinar los pasos a seguir. La decisión fue emitir dos autos: uno para aceptar el impedimento de Fajardo y otro para solicitar un nuevo concepto a la Procuraduría, esta vez bajo la gestión del recién posesionado procurador Gregorio Eljach. El plazo para esta nueva presentación será de 30 días, lo que implica que la discusión se extenderá hasta finales de marzo.
Implicaciones políticas y jurídicas del retraso
Este retraso es significativo, ya que la reforma pensional está programada para entrar en vigor en julio. La incertidumbre sobre su constitucionalidad podría generar un ambiente de mayor tensión entre la Corte y el Gobierno, que ya han tenido diferencias marcadas.
Prueba de ello fue la negativa del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, a asistir a una reunión convocada por el presidente Gustavo Petro con los altos tribunales para discutir el futuro de la justicia. Tras la negativa, Petro reaccionó señalando: “yo soy el jefe de Estado”. A esta decisión se sumó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que impidió la realización del encuentro.