El presidente Gustavo Petro reafirmó la meta del Gobierno de erradicar 25 mil hectáreas de hoja de coca en el Catatumbo, en el marco de las medidas adoptadas mediante los decretos de conmoción interior. “Tenemos corto plazo, ya hace 40 días se expidieron los primeros decretos, esos decretos están en plena ejecución pero este que vamos a analizar hoy concentra lo que queremos, erradicar cultivos de hoja de coca. 25 mil hectáreas como objetivo”, señaló el mandatario.
El jefe de Estado destacó que estos decretos ya están en marcha y subrayó el papel del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en este proceso. La estrategia del Gobierno busca no solo la eliminación de los cultivos ilegales, sino también garantizar alternativas económicas para las comunidades campesinas que dependen de ellos. Lea: Petro encabeza en vivo su segundo Consejo de Ministros
Te puede interesar:
“Francotirador”: Abelardo De la Espriella denuncia otro supuesto atentado en su contra
En el marco de la conmoción interior decretada en el Catatumbo, el Gobierno anunció que una de las medidas implementadas será la erradicación de 25 mil hectáreas de hoja de coca en la región. Según el presidente Petro, esta acción se llevará a cabo mediante un esquema de “pagos por erradicación voluntaria de cultivos”, lo que permitirá que los campesinos reciban una compensación económica a cambio de abandonar la producción de coca.
El mandatario explicó que esta medida tiene como propósito generar un proceso de transición económica en el Catatumbo sin recurrir a la confrontación con las comunidades. “Esa violencia es porque básicamente hay 55 mil hectáreas sembradas de coca, nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan con decretos de conmoción interior. No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino buscar una alianza, para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila”, afirmó.
Por su parte, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, detalló que el pago por erradicación voluntaria será de 1.280.000 pesos mensuales, lo que equivale al 90% de un salario mínimo legal vigente. Este beneficio se entregará durante un periodo de 12 meses, con el fin de garantizar la estabilidad económica de las familias campesinas mientras se consolidan proyectos productivos alternativos.
Miranda enfatizó que la estrategia gubernamental no se limita únicamente a la erradicación de los cultivos ilícitos, sino que también contempla el fortalecimiento de una economía legal en la región. “El decreto también establece medidas para además de erradicar los cultivos ilícitos, conseguir una sustitución de toda la economía ilícita, lo que incluye la transformación para agregar valor a los productos, asegurar la logística de transporte y la comercialización asegurada”, indicó.
Asimismo, resaltó que la presencia estatal en el Catatumbo ha sido históricamente limitada y que esta es una oportunidad para que las comunidades conozcan el respaldo del Gobierno. “En estos territorios la gente no ha conocido durante los últimos años el Estado, hasta ahora la población del Catatumbo está conociendo cuáles son las entidades de Gobierno, y también la economía siempre se ha basado en los cultivos de uso ilícito”, explicó.
“De modo que mientras se consolida una economía legal, es necesario a estos campesinos entregarles un sustento que sustituya los ingresos de la economía ilícita, y que logre sustentar su subsistencia durante el momento que va a durar el establecimiento y los primeros rendimientos de los cultivos lícitos”, agregó la directora del programa.
Para financiar esta estrategia, el Gobierno destinará 362 mil millones de pesos. De este total, 152 mil millones se dirigirán a los pagos por erradicación voluntaria y 278 mil millones estarán destinados al establecimiento de nuevos proyectos productivos. La inversión restante será utilizada para fortalecer el programa tradicional de sustitución de cultivos.
Miranda señaló que, a pocos días del anuncio del decreto, ya hay 3.000 hectáreas inscritas en el proceso de erradicación voluntaria, y se espera que los primeros pagos comiencen a ejecutarse en la próxima semana.
Según el último informe de Naciones Unidas, en 2023 Norte de Santander tenía 43 mil hectáreas de hoja de coca, pero cifras recientes de la Policía Nacional estiman que actualmente la extensión ha aumentado a 53 mil hectáreas. De este total, el 52% se encuentra en el municipio de Tibú, territorio en el que el Gobierno enfocará sus esfuerzos para la implementación de la estrategia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.