El próximo viernes podría marcar un punto de quiebre en el escándalo de corrupción más grave del actual gobierno nacional: el caso UNGRD. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si envía o no a prisión a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalado como uno de los presuntos articuladores del entramado que desvió recursos destinados a la atención de emergencias en el país.
Durante una audiencia virtual, la fiscal delegada María Cristina Patiño solicitará la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, con el argumento de que González jugó un papel protagónico en la supuesta red criminal que operó desde el interior del Estado. De acuerdo con la Fiscalía, se trata del funcionario de más alto nivel vinculado hasta ahora a esta investigación, en la que ya han sido capturados otros exdirectivos y políticos. Lea: Exministro Bonilla será imputado por escándalo de contratos UNGRD
González fue imputado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Frente a cada uno de estos cargos se declaró inocente. Sin embargo, no ha comparecido en persona ante las autoridades judiciales. Participó en la audiencia de imputación de cargos de forma virtual y desde el extranjero, aunque se desconoce su ubicación exacta.
Fiscalía pedirá cárcel para Carlos Ramón González
Pese a su ausencia física en Colombia, la fiscal Patiño aclaró que no es procedente declarar su contumacia, ya que el proceso judicial ya avanzó hasta su vinculación formal. “No cabe esa figura porque aquí ya hubo audiencia de formulación de imputación. Hoy, Carlos Ramón González está procesalmente vinculado a la actuación”, indicó.
Las acusaciones que enfrenta González no son menores. De acuerdo con los testimonios entregados por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría tenido un rol central en la distribución de sobornos a congresistas, con el objetivo de asegurar respaldo político para reformas impulsadas desde el Gobierno.
Entre los nombres mencionados están los de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, ya detenidos, quienes habrían recibido pagos irregulares por orden de González. La Fiscalía sostiene que desde su cargo habría montado una estructura ilegal con funciones específicas para cada colaborador, aprovechando su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su trayectoria como exmilitante del M-19.
En ese entramado también aparece Sandra Ortiz, a quien supuestamente encomendó sobornar a Iván Name con $3.000 millones. Según el expediente, la operación buscaba garantizar “respaldo legislativo al Gobierno”.
La decisión que se tome este viernes será observada con atención no solo por sus implicaciones en el curso del proceso judicial, sino porque podría marcar un precedente crucial: determinar si las conexiones políticas de alto nivel continúan siendo un blindaje frente a la justicia, o si habrá sanciones efectivas incluso para quienes han estado en la cúpula del poder.