La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por los presuntos delitos de hostigamiento y calumnia.
La acción legal fue radicada por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante legal de Uribe, en respuesta a declaraciones que el jefe de Estado publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) los días 28 y 29 de julio de 2025.
“Las publicaciones del presidente Petro constituyen acusaciones directas, infundadas y sin respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, sin que exista condena o decisión judicial en su contra”, señala el comunicado emitido por los abogados del exmandatario.
Álvaro Uribe denuncia a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por hostigamiento y calumnia
La defensa de Uribe argumenta que los señalamientos del presidente Petro, realizados desde su investidura oficial y utilizando plataformas institucionales, constituyen una forma de hostigamiento político y estigmatización sistemática que busca deslegitimar no solo al expresidente, sino también a sus seguidores.
Además, aseguran que estas expresiones violan los límites de la libertad de expresión establecidos por la Constitución colombiana y tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Se trata de una conducta que vulnera la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política del Dr. Álvaro Uribe Vélez, así como el derecho a la no discriminación por razones ideológicas”, agrega el comunicado.
Llamado a la imparcialidad y respeto al Estado de derecho
El documento concluye con un llamado a las autoridades para actuar “con imparcialidad, independencia y respeto al marco normativo”, y reafirma el compromiso de la defensa con el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales frente a lo que consideran una campaña de descrédito y retaliación política.
Esta denuncia se da en medio de un ambiente político polarizado y alimenta el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los funcionarios públicos en redes sociales y el uso del aparato estatal en controversias entre líderes políticos.