El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves sobre la controversia que rodea al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia colombiana. El mandatario aseguró que su administración no ha intervenido para favorecerlo ante el Gobierno de Nicaragua.
“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, manifestó Petro a través de su cuenta de X. Lea: El trámite que favoreció a Carlos Ramón González en plena investigación
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La reacción se produce después de que se revelaran documentos que indicarían que la Embajada de Colombia en Managua solicitó la renovación de la residencia de González en ese país centroamericano, trámite que habría coincidido con la audiencia de imputación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Laura Sarabia niega vínculo con solicitud de residencia de González
La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también negó cualquier participación en gestiones relacionadas con el estatus migratorio de González. “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, afirmó la exfuncionaria, señalando que desconocía los movimientos administrativos que hoy generan polémica.
Pese a que los hechos ocurrieron durante su gestión en la Cancillería, Sarabia se distanció de las acusaciones, mientras el concejal Daniel Briceño anunció que interpondrá denuncias contra ella y contra funcionarios diplomáticos que, según afirma, habrían colaborado para que González se mantenga en territorio nicaragüense. “Es vergonzoso”, expresó el cabildante.
Documentos revelan gestión diplomática para Carlos Ramón González
La investigación periodística divulgada por Noticias RCN expuso una carta remitida por la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que se solicita apoyo para “regularizar el estado migratorio” de González y renovar su residencia, próxima a vencer el 14 de junio de 2025. El documento precisa que el exfuncionario se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 y no ha salido desde entonces.
Según el material revelado, el Ministerio del Interior de Nicaragua aprobó la renovación, luego de que González pagara 56 dólares para formalizar el trámite. La Fiscalía lo acusa de haber solicitado contratos por $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y más de $10.000 millones para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, ambos hoy privados de la libertad.