El famoso proceso de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro, está envuelto en una nueva polémica, tras la revelación que hizo la revista Semana, medio de comunicación que tuvo acceso a documentos oficiales en los que se detallan los beneficios millonarios que recibieron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
Según lo expresado en una de sus publicaciones, Semana indicó que estos dos grupos guerrilleros en sus diferentes frentes, han tenido en su poder camionetas de alta gama para transportarse libremente por el territorio colombiano, incluso, insistieron en que también se movilizan en esos vehículos por los sitios “donde delinquen bajo la financiación del Estado”. Lea:Investigación revela que excoronel colombiano sería el reclutador de mercenarios a Sudán
De acuerdo con el citado medio, al parecer, el dinero entregado por el Gobierno a estos dos grupos armados, se habría invertido en la adquisición temporal de vehículos y también para el suministro de un bono de combustible mensual y en escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el esquema de seguridad.
Semana expresó que los recursos entregados al ELN y a las disidencias de las Farc, en su mayoría han salido del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el cual es direccionado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Lea también: Petro descarta al ELN del asesinato de Miguel Uribe y señala a ‘Segunda Marquetalia’
Los integrantes del ELN que se beneficiaron de los recursos del Gobierno Petro
Semana manifestó que la información entregada por el Gobierno Petro, en 2024, durante las conversaciones de paz con el ELN, fueron 6 integrantes de esa guerrilla los que se beneficiaron de siete vehículos, los cuales tenían un costo de arrendamiento mensual de $106.836.925, más $7.981.370, en servicio de gasolina y 15 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Entre los beneficiados, figura alias ‘Antonio’, uno de los guerrilleros del ELN que aterroriza la región del Catatumbo, contaba con dos carros, cuto arriendo eran de $16.238.113 cada uno, una cuota de combustible por $1.150.000 pesos y dos escoltas.
Por otro lado, alias ‘Violeta’, acusada del atentado en el centro comercial Andino de Bogotá, tuvo gastos de combustible por $1.050.000 y un guardaespaldas a su servicio.
Los beneficiados de las disidencias de las Farc
Por la parte de las disidencias de las Farc, quienes se sentaron en reuniones en búsqueda de la paz total con el Gobierno Petro, en 2024, tuvieron su provecho de la medida con diez camionetas,, arrendamiento mensual que sumó $199.448.324, además, del gasto en combustible $9.040.158 y un númer de 25 escoltas para su protección.
Entre los beneficiados de este grupo guerrillero, figura alias ‘Andrey’, quien es otro de los temidos responsables del terror en el Catatumbo, el cual se benefició con dos camionetas, por un valor de $26.417.357, combustible por $789.041 y de cuatro escoltas de la UNP.
Asimismo, otro de los que figura como beneficiario es alias ‘Calarcá’, uno de los que siembra terror en Caquetá y a otras regiones con extorsiones, tuvoa su favor el uso de una camioneta por $11.747.280, gasto de gasolina por $416.295 y tres escoltas para su seguridad.
Cabe mencionar que, debido a esto, los informes de inteligencia dan cuenta de que estos guerrilleros estarían usando estos beneficios para seguir delinquiendo en las zonas donde operan estos grupos armados.
“Estos vehículos son utilizados para moverse sin ninguna persecución por el país. Mueven armamentos y cocaína”, le dijo una fuente de las Fuerzas Militares a Semana.
Hay que precisar que, el Gobierno Petro continúa dispuesto a seguir protegiendo a los voceros de los grupos armados para buscar la tan ansiada paz total. Para esto, la administración central ha dispuesto más de $6.000 millones de pesos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, para seguir el proceso. Además, la UNP se determinó un aporte de $467.762.510 en especie.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz asumirá la tarea de definir quiénes harán parte del esquema de protección, un mecanismo que se ajusta a la dinámica de las negociaciones y al compromiso demostrado por los actores involucrados. Cada mes, la entidad deberá entregar un reporte que confirme qué integrantes siguen vinculados de manera activa a los procesos de diálogo, con el fin de garantizar su seguridad y preservar la continuidad de las conversaciones en curso. Este enfoque busca dar un respaldo práctico a la política de paz, en un momento en el que la confianza y la persistencia de las partes resultan fundamentales.
Actualmente, el convenio reconoce la existencia de cuatro mesas de negociación y cinco espacios sociojurídicos de conversación, escenarios que aún no logran producir avances visibles para la ciudadanía. Aunque estas instancias mantienen abiertas las posibilidades de alcanzar acuerdos, la falta de resultados concretos genera escepticismo en la opinión pública y pone a prueba la capacidad del Estado para sostener una estrategia de diálogo efectivo.