El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó este viernes que la radicación de la nueva reforma tributaria, conocida como Ley de Financiamiento, no se llevará a cabo en la fecha prevista. La entrega oficial del proyecto, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro espera obtener ingresos por $26,3 billones, quedó reprogramada para el próximo lunes 1 de septiembre en horas de la mañana.
El acto tendrá lugar durante la mesa de trabajo con las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, instancia que al mismo tiempo analiza el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, estimado en $556,9 billones. Tras el trámite, el Ministerio de Hacienda ofrecerá una rueda de prensa en la que dará a conocer los detalles del articulado. Lea: 6 nuevos impuestos que se contemplan en la reforma tributaria 2026
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Aunque el documento definitivo no se ha hecho público, el jefe de la cartera económica adelantó en anteriores intervenciones algunos de los puntos centrales de la propuesta. Entre ellos figuran ajustes en el IVA para bienes y servicios consumidos principalmente por los hogares de mayores ingresos, gravámenes a tabaco y alcohol, impuestos al carbono y al consumo, así como un incremento en la tarifa de juegos de suerte y azar en línea.
Ávila también precisó que se contempla el cobro de impuestos a las iglesias y un aumento en los tributos de renta y patrimonio para las personas con mayor capacidad económica. No obstante, insistió en que los alimentos que integran la canasta básica seguirán exentos de IVA. Según el Ministerio, los objetivos son hacer más progresivo el sistema, reducir beneficios fiscales regresivos y aportar a la transición energética y la salud pública.
El ministro defendió la iniciativa al señalar que la ley “va a garantizar la estabilidad financiera del Presupuesto del 2026 y la de los próximos cinco años”, en tanto asegura recursos permanentes que permiten sostener el equilibrio fiscal.
Polémica por el monto del recaudo proyectado
El anuncio del proyecto no tardó en despertar fuertes críticas en diferentes sectores políticos y económicos. La senadora Angélica Lozano advirtió que “la tributaria es tan alta que es imposible de aprobar”, al recordar que la cifra de recaudo supera la obtenida en las últimas ocho reformas tributarias que se han aprobado en Colombia entre 2010 y 2024. De aprobarse, esta sería la de mayor alcance en las últimas dos décadas.
En la misma línea, el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que el país “no necesita más impuestos” y catalogó la propuesta de “inoportuna e innecesaria en este momento”.
El senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, fue una de las voces más contundentes contra el proyecto al afirmar que se trata del trámite de una “dictadura tributaria”. Según su postura, el objetivo del Gobierno es únicamente “recaudar $26,3 billones para sostener el derroche y la corrupción”. El congresista agregó que en el debate sobre el presupuesto sugiere “una reducción responsable de $39,5 billones”.
Críticas desde los organismos técnicos
Más allá del debate político, también se han pronunciado entidades técnicas como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que cuestionó el incremento del gasto y el aumento del déficit primario apenas un mes después de conocerse el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por su parte, el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, sostuvo que “la mejor reforma tributaria es que cobren la cartera de la Dian” en lugar de cargar con nuevos impuestos “al ciudadano de a pie”.