El presidente Gustavo Petro deberá ofrecer disculpas públicas luego de que el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá fallara a favor del fiscal Mario Burgos una acción de tutela.
La decisión judicial le ordena retractarse en un plazo de 48 horas de las declaraciones emitidas el pasado 4 de febrero durante un Consejo de Ministros, en las que vinculó al funcionario con actividades de narcotráfico.
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“El poder, ¿para qué?”
En aquella ocasión, el mandatario señaló directamente al fiscal Burgos y lo relacionó con una supuesta red ilegal que habría manipulado la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Lea: Gustavo Petro advierte que “existen intereses” que frenan la reforma pensional
“¿Quién puso al fiscal Burgos al frente del caso del asesinato del fiscal Pecci? Pues fue su jefe, un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína, usando su puesto como jefe del CTI. ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos, es la misma banda. Por eso me quieren matar a mí, el presidente de Colombia, yo lo sé [...]. Sin embargo, no hay prueba alguna que señale al sol de hoy que el fiscal Burgos, en efecto, cerró esta línea de investigación o precluyera la indagación contra Marset”, dijo en su momento Petro.
Fallo judicial advierte límites en la libertad de expresión presidencial
El juzgado concluyó que con esas afirmaciones se vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra y el buen nombre del fiscal Burgos. “Se concluye luego de una verificación probatoria y un test de razonabilidad de las declaraciones, que el presidente Gustavo Petro realizó varias declaraciones públicas con mensajes que superan lo que es admisible para el debate democrático y la libertad de expresión, ya que contienen afirmaciones de hechos que no cuentan con verificación adecuada y representan un riesgo de causar daño”, se lee en el fallo.
El pronunciamiento también enfatiza que las expresiones del mandatario no pueden interpretarse como simples opiniones políticas. “Pues constituyen actos de retaliación que atentan directamente contra la independencia de la rama judicial y la presunción de inocencia, constituyendo un uso indebido de su poder para dirimir conflictos de índole personal”, señala la sentencia.
Con esta determinación, Petro tendrá que cumplir el fallo mediante una retractación pública, en la que reconozca que no existían pruebas que sustentaran sus acusaciones contra el fiscal Mario Burgos.