El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió una directiva con la que instruye a todas las entidades del Estado a fortalecer de inmediato las medidas para prevenir el reclutamiento, el uso y las violencias contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
El funcionario advirtió sobre un “crecimiento desmesurado” de este delito desde 2016, que obliga a una reacción más coordinada y eficaz de las instituciones.
Te puede interesar:
Lotería de Bogotá: resultados del jueves 16 de abril de 2026
La orden se formalizó en la Directiva 015, fechada el 9 de septiembre de 2025, en la que se subraya que el reclutamiento forzado constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una infracción directa al derecho internacional humanitario. Lea: Procuraduría lanzó advertencia a funcionarios por elecciones 2026
El Ministerio Público señaló que, tras un análisis detallado, se encontraron falencias en las políticas públicas tanto nacionales como territoriales para atender y proteger a las víctimas de este flagelo.
Cifras que muestran la magnitud del problema
La Procuraduría fundamentó la medida en estadísticas aportadas por diversas entidades del Estado y organismos judiciales. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 18.677 menores fueron reclutados por las FARC durante el conflicto armado. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a su vez, reportó 10.421 casos de vinculación de niños y adolescentes con grupos armados, con corte a julio de 2025.
Los reportes más recientes de la Defensoría del Pueblo señalan que, entre 2022 y julio de 2025, se registraron 847 víctimas de reclutamiento. En la misma línea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que 1.023 menores lograron desvincularse de estructuras armadas ilegales entre 2022 y el 25 de agosto de 2025. De ese grupo, el 81 % provenía de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), el 10 % del ELN y el 7 % del Clan del Golfo.
Un dato adicional revelado por la entidad fue que 334 de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas, lo que refleja el impacto desproporcionado en poblaciones vulnerables.
Procuraduría ordena articular políticas y reforzar prevención
En la directiva, la Procuraduría identificó causas que favorecen la persistencia de este crimen, como la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades educativas y de salud, además de la débil presencia estatal en zonas rurales. El documento también alertó sobre nuevas formas de captación que incluyen el ofrecimiento de empleos inexistentes y, con mayor frecuencia, el uso de redes sociales como TikTok y Facebook para atraer jóvenes mediante contenidos que romantizan la guerra.
Ante ese panorama, el procurador exhortó a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) y a las demás entidades nacionales a diseñar un plan anual con metas verificables. La instrucción incluye la creación de un sistema único de información que concentre los datos de reclutamiento y desvinculación, así como la apertura de canales de denuncia anónima que protejan a las víctimas y a sus familias.
La Procuraduría también pidió reforzar la coordinación con la Fiscalía y la Policía para rastrear mensajes en plataformas digitales que estén siendo utilizados para atraer a menores y, en consecuencia, adelantar las investigaciones judiciales correspondientes.
La directiva hizo un llamado expreso a los mandatarios locales para incluir la prevención del reclutamiento en sus Planes de Desarrollo Territorial, con presupuesto específico y estrategias adaptadas al riesgo de cada región. Además, deberán responder oportunamente a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. En los municipios con mayor incidencia del problema, se ordenó que en un plazo de tres meses se implementen protocolos y rutas de atención inmediata.