El Consejo de Estado estableció un marco estricto para las alocuciones televisadas del presidente Gustavo Petro, tras considerar que su uso frecuente representaba un “uso inadecuado y desproporcionado” de un bien público. El fallo, fechado el 16 de septiembre de 2025, busca evitar que el mandatario convierta estos espacios en un instrumento de propaganda política y reafirma el derecho ciudadano a recibir información plural y diversa.
La decisión, que el presidente calificó como una “simple censura”, fue defendida por juristas y expertos en derecho como una medida necesaria para equilibrar el ejercicio del poder y garantizar la transparencia institucional.
La sentencia, de 39 páginas, surgió a raíz de tutelas interpuestas por varios ciudadanos y el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, quienes alegaron que las constantes intervenciones de Petro vulneraban su derecho a la información al interrumpir de forma reiterada la programación nacional. El alto tribunal les dio la razón, subrayando que “en un Estado Social de Derecho ningún poder es ilimitado”. Lea: Consejo de Estado limita alocuciones de Petro por “uso desmedido”
El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera Mercado, calificó la decisión como “trascendente porque impone un necesario límite al abuso del poder”. Explicó que la jurisdicción contenciosa “sirve de barrera de contención frente a los actos extra limitados” y que el fallo busca “garantizar el equilibrio en los poderes del Ejecutivo para evitar su desmadre”.
Por su parte, la abogada Daniela Jiménez Gasca, directora de Prolitigios, aclaró que la medida no constituye censura: “El Consejo de Estado no analiza como tal ese contenido, sino cuándo y cómo utiliza el Presidente este bien público”. Según ella, el objetivo es “restaurar el equilibrio informativo en un entorno que debe garantizar la pluralidad y no la monopolización del Estado”.
Las nuevas reglas para las alocuciones presidenciales
El fallo no prohíbe que el presidente se dirija al país, pero impone límites estrictos al uso de las alocuciones. Estas solo podrán realizarse en situaciones “graves, sobrevinientes e intempestivas”, como emergencias o alteraciones del orden público, y no podrán convertirse en un espacio habitual.
La Presidencia deberá enviar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) una solicitud previa con la hora de inicio y finalización, así como una justificación temática detallada. El regulador podrá negar la transmisión si considera que no se cumplen los requisitos de urgencia o proporcionalidad. Además, las intervenciones no podrán tener una duración “irrazonable o notoriamente excesiva”.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, sostuvo que la medida “no es un acto de censura, sino una limitación legítima del poder público”, y recordó que el espectro electromagnético “es de todos los colombianos” y no un canal de uso rutinario del Gobierno.
Controversia por la actuación de la CRC
El Consejo de Estado también ordenó a la CRC crear antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para vigilar el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, la entidad desató polémica al enviar cartas a medios de comunicación solicitando información sobre sus políticas editoriales y actas de redacción, lo que fue calificado por juristas como “una forma de censura indirecta”.
Petro reaccionó señalando que esa actuación obedecía al fallo judicial: “Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”.
Bernate advirtió que la CRC “no está interpretando legítimamente esta orden judicial” y consideró que su solicitud a los medios “sí es un acto de censura previa”. Según él, el país enfrenta “una peligrosa paradoja”: una decisión que buscaba frenar los excesos del poder presidencial terminó generando temores por una posible intervención indebida en la libertad de prensa.