El representante a la Cámara Miguel Polo Polo compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en el proceso que enfrenta por el presunto delito de discriminación, tras su controvertido video en el que arrojó a la basura unas botas que formaban parte de un homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.
Durante su intervención ante la Sala de Instrucción, el congresista afirmó que nunca buscó ofender la memoria de las víctimas ni a sus familiares. “Si a ellas les mataron sus hijos, lo lamento, lo siento, mi intención nunca fue lastimarlos”, dijo Polo Polo. Sin embargo, rápidamente aclaró que su mensaje estaba dirigido al presidente Gustavo Petro y a lo que calificó como una “cifra inflada” de personas asesinadas en esos casos. “Aquí estamos cuestionando es un número inflado”, agregó.
Según su declaración, su acción no fue un acto de desprecio hacia las madres de las víctimas, sino una manifestación política en rechazo al Gobierno. “Lo que hemos cuestionado es la cifra inflada que han usado para hacer politiquería y respaldar a Gustavo Petro”, expresó ante el alto tribunal. Lea: Polo Polo irá a juicio y suma cinco procesos en la Corte Suprema
Corte Suprema investiga a Polo Polo por caso de discriminación
El proceso judicial que enfrenta Polo Polo fue abierto el 1 de octubre de 2025, luego de que la Corte iniciara una investigación formal por su comportamiento frente a la instalación artística ‘Mujeres con las botas bien puestas’.
La obra, ubicada en la Plaza Núñez del Capitolio, había sido elaborada por artistas y por la Asociación de Madres de Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo) como un homenaje a las más de 6.400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El hecho que originó la denuncia se registró el 6 de noviembre de 2024, cuando Polo Polo difundió en sus redes un video retirando las botas del homenaje y depositándolas en bolsas de basura. “Esas botas deben estar en el canasto de la basura”, afirmó en esa grabación.
Tras la publicación, Mafapo y el senador Iván Cepeda radicaron una denuncia penal el 18 de noviembre de ese año, argumentando que el acto constituía una “afrenta revictimizante” y promovía el negacionismo frente a los crímenes de Estado. Los denunciantes solicitaron a la Corte investigar posibles delitos de discriminación, hostigamiento e injuria.
Polémico video de las botas desata rechazo y sanciones judiciales
El episodio también tuvo repercusiones en la justicia ordinaria. El 6 de diciembre de 2024, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá ordenó a Polo Polo, mediante un fallo de tutela, pedir disculpas públicas a las madres de las víctimas y restituir la obra en un plazo de tres días. En el fallo se calificó su actuación como “una grave falta de respeto y vulneración a la dignidad de las víctimas”.
La acción generó además una respuesta ciudadana. Días después del video, cientos de personas se reunieron en la Plaza de Bolívar con botas de caucho y pancartas con la consigna “La memoria no se bota”. La JEP, por su parte, describió lo ocurrido como “actos de odio” y reiteró la importancia de preservar los espacios de memoria histórica.
Polo Polo, uno de los congresistas con más procesos en la Corte
El caso de discriminación no es el único que involucra al representante del Centro Democrático. Actualmente, la Corte Suprema mantiene abiertas cinco investigaciones en su contra, lo que lo convierte en uno de los congresistas con más procesos activos ante esa instancia.
Esta misma semana, la Sala Especial de Primera Instancia ratificó el juicio que enfrentará por hostigamiento agravado, derivado de publicaciones en las que quemó una bandera del M-19 y una imagen del presidente Petro, acompañadas de la frase “¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”. En ese caso, fueron citados como testigos el propio mandatario, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro.
El congresista también es investigado por presunta injuria y calumnia en dos procesos distintos: uno por llamar “bandido” al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, y otro por acusar al exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, de estar vinculado con el suicidio de dos jóvenes y de financiar a la “primera línea”.
Además, enfrenta una acusación formal por incitación a la violencia, tras comparar en redes sociales a exintegrantes de guerrillas con el sicario Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, señalando que todos eran “igual de criminales y despiadados”.