La Sala de Casación Penal solicitó formalmente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que declare improcedente la acción de tutela interpuesta por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, con la cual el máximo cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’ pretendía frenar a toda costa su envío a una cárcel de los Estados Unidos, bajo el argumento de una supuesta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
En el desarrollo de este trámite judicial, se conoció el concepto emitido por la Sala Penal bajo la firma del magistrado Gerson Chaverra, en el cual se dirigió a sus colegas de la Sala Civil para defender la decisión inicial de avalar la extradición.
El togado argumentó que el procedimiento “se ajusta a la normativa aplicable” y recordó que, al estudiar un pedido de extradición, a la justicia colombiana no le corresponde realizar un examen material sobre los delitos ni juzgar si la persona es culpable o inocente.
El magistrado explicó que el trámite de extradición no se concibió como un escenario para adelantar juicios de fondo sobre la materialidad de las conductas punibles, la responsabilidad del requerido ni la validez o suficiencia de las pruebas que sustentan la solicitud, pues esos son debates que el procesado debe dar directamente ante la autoridad judicial extranjera que lo requiere.
Chaverra concluyó que los hechos atribuidos por la justicia norteamericana a Marín Silva guardan plena identidad con los delitos colombianos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y uso o tenencia de semisumergibles.
La tutela se convirtió en la última carta que se jugó la defensa de Marín Silva para evitar su viaje. El documento calificó el inminente traslado como “un perjuicio irremediable” y solicitó a la Corte que se decretara la suspensión inmediata de cualquier trámite tendiente a su entrega, lo que incluía frenar el envío del expediente al Ministerio de Justicia, detener la resolución presidencial y prohibir cualquier diligencia de traslado o custodia policial.
Alias “Pipe Tuluá” alegó que ser remitido a una jurisdicción extranjera para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas vulneraba sus garantías constitucionales.
Su defensa insistió en que se estaban desconociendo sus derechos a la contradicción y a la libertad personal, intentando así dilatar el proceso administrativo que ya se encuentra en su fase final.
El proceso de extradición de Marín Silva ya cuenta con los requisitos más importantes cumplidos. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia firmó el concepto favorable para su envío y, posteriormente, el pasado 6 de diciembre, el presidente Gustavo Petro estampó su firma en la resolución ejecutiva que oficializó la decisión del Gobierno de entregarlo a las autoridades norteamericanas.
Este acto administrativo se dio apenas un día después de que se anunciaran diálogos exploratorios con la banda ‘La Inmaculada’.
Marín Silva es señalado como uno de los criminales más peligrosos del occidente del país y actualmente paga una condena en Colombia por 46 homicidios y otros crímenes perpetrados principalmente en el norte del Valle del Cauca.
Debido a la serie de amenazas que su organización desplegó para intentar amedrentar a la justicia y evitar su extradición, las autoridades ordenaron que fuera trasladado y recluido bajo estrictas medidas de seguridad en la Sala de Retenidos Mártires de la Dijín.
Con el concepto de la Sala Penal reafirmando la legalidad del proceso, la decisión final sobre la tutela queda ahora en manos de la Sala Civil.