La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para establecer qué servidores públicos autorizaron y facilitaron una fiesta en la embajada de Colombia en Nicaragua, evento que vinculó al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, quien hoy tiene orden de captura vigente.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, explicó que las sedes diplomáticas funcionan como “una extensión sagrada” del territorio nacional, por lo que cualquier funcionario que haya permitido el uso de estas instalaciones para fines personales debe responder ante la ley disciplinaria, sin importar que el protagonista del festejo ya no sea servidor público.
El jefe del ente de control advirtió que la investigación busca nombres propios para determinar quién dio la orden, quién cursó las invitaciones y quién manejó la logística de la celebración.
La entidad ya pidió a la Cancillería los registros oficiales para saber quién estaba al mando de la misión en Nicaragua y bajo qué criterios se permitió el ingreso de los asistentes, advirtiendo que podrían venir suspensiones provisionales si se intenta obstaculizar el proceso. Le podría interesar: Empresarios y trabajadores cierran mesa sin acuerdo sobre salario mínimo
Procurador se pronuncia sobre crisis en salud
Eljach también se pronunció sobre la delicada crisis del sistema de salud. La Corte Constitucional emitió esta semana una orden de desacato porque el Gobierno no ajustó a tiempo el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado gira por cada paciente para su atención. Ante esto, se conoció que el Ministerio de Salud pidió una prórroga para cumplir con la orden, argumentando dificultades técnicas y presupuestales.
Frente a esta maniobra dilatoria, Eljach fue tajante e invitó a los funcionarios a dar “cumplimiento inmediato, cabal y oportuno” a los dictámenes de la justicia.
El funcionario recalcó que, aunque existan trámites legales para ganar tiempo, la decisión de fondo de la Corte busca proteger el derecho a la salud de los usuarios y debe acatarse sin excusas para evitar un colapso mayor en la atención médica. Lea también: Senado hunde por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno Petro
Investigación contra la senadora Isabel Zuleta
En el escenario político, la entidad confirmó la apertura de una investigación contra la senadora Isabel Zuleta. El proceso no es solo por declaraciones en medios, sino que indaga una presunta interferencia indebida en operativos militares.
La Procuraduría busca establecer si la congresista utilizó su fuero y cercanía política para influir en decisiones operacionales de las Fuerzas Militares, un terreno que es de competencia exclusiva de la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa.
En otra decisión, el organismo de control abrió formalmente una investigación disciplinaria contra Mauricio Salazar Peláez, actual alcalde de Pereira. La determinación responde a denuncias recibidas por la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, las cuales señalaron una presunta participación indebida en política por parte del mandatario local.
Según el expediente, Salazar Peláez habría utilizado su posición de poder para promover la candidatura de su esposa, Maria Irma Noreña, al Senado de la República para el periodo 2026–2030.
El Ministerio Público centró sus pesquisas en verificar la existencia de planillas de recolección de firmas que, al parecer, circularon dentro de las oficinas de la Alcaldía. Asimismo, los investigadores analizarán una serie de audios en los que presuntamente se exigía a los trabajadores de la administración municipal cumplir con una cuota de votantes para asegurar el apoyo a dicha aspiración política.
El ente de control busca determinar si el alcalde desvió los recursos y la capacidad institucional del municipio para favorecer intereses familiares, una conducta que, de comprobarse, constituiría una falta gravísima.
Finalmente, el Procurador condenó el retorno del terrorismo a las ciudades, refiriéndose a la bomba que estalló esta mañana en Cali. El atentado, atribuido preliminarmente a disidencias que buscan presionar al Estado, sacudió la tranquilidad que se intentaba recuperar en la capital del Valle del Cauca.
Eljach rechazó que grupos como el Eln o las disidencias sigan sembrando el miedo y aseveró que “no es posible que los bandidos le pongan la agenda a los colombianos”, exigiendo a la Policía y al Ejército una reacción contundente para frenar la escalada violenta en diciembre.