El decreto de emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro no cayó bien entre los gremios que criticaron las formas jurídicas que se argumentaron para justificar su convocatoria, al tiempo que surgieron voces que pidieron a la Corte Constitucional hacer un pare en su descanso para estudiar la iniciativa del Ejecutivo.
“La emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”, expresó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
El gremio que agrupa a las compañías constructoras del país recalcó que “no se configuran las condiciones excepcionales previstas en la Constitución para la adopción de este tipo de medidas”.
El Gobierno argumentó como razones para justificar la emergencia económica, con la que espera recaudar $16 billones, la necesidad de cumplir con la sentencia de la misma Corte Constitucional que le ordenó ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el sistema de salud le debe reconocer a las EPS para atender a cada uno de sus afiliados.
En ese orden, la administración de Petro aseguró en el decreto 1390 de 2025, que adoptó la emergencia económica, requieren $3,3 billones para 2026 para cumplir con el ajuste de la UPC.
Pero este no fue el único argumento, el Ejecutivo también justificó el decreto en razón a la situación de seguridad del país y la urgente necesidad de contar con recursos económicos suficientes para garantizar la seguridad a regiones y sectores puntuales de la sociedad.
También esbozó como argumento la desaprobación de las reformas económicas negadas por el Congreso, necesarias para equilibrar las finanzas del Estado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisó este martes, a través de su despacho, que no es cierta la versión mediática de la implementación del 5xmil a las transacciones financieras, al tiempo que señaló que la propuesta contempla un modelo de tributación progresivo, que apunta a los “mayores patrimonios”.
En ese sentido, el esquema de tributación del decreto incluiría una tarifa del 1% para patrimonios entre $3.600 y $6.000 millones, de 2% entre $6.000 y $12.000 millones, de 3% entre $12.000 y $100.000 millones y del 5% para los patrimonios superiores a los $100.000 millones.
La senadora de oposición y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, le pidió más temprano a los magistrados de la Corte Constitucional iniciar en el instante el control al decreto del Gobierno, pese a que ya se encuentran en periodo de vacancia.
“La gravedad que acarrea la declaratoria de un estado de emergencia exige que la Corte retome sus funciones y actúe de manera extraordinaria para garantizar la primacía de la Constitución, so pena de permitir que el Gobierno Nacional asuma facultades legislativas de manera indiscriminada y sin control durante 3 semanas, lo cual conllevaría un grave perjuicio a los colombianos”, argumentó la congresista.