Tras la declaración de emergencia económica anunciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe informó que el partido Centro Democrático presentará una acción de tutela contra el decreto que oficializa esta medida.
La decisión se da luego de que la Corte Constitucional anunciara que el control automático del decreto se aplazará hasta el 13 de enero, debido a la vacancia judicial de Fin de Año y al respeto por los derechos laborales de los magistrados. Para el uribismo, esta demora deja a los ciudadanos sin una protección inmediata frente a las amplias facultades que asumió el Ejecutivo.
Uribe aseguró que la tutela será liderada por la candidata presidencial Paloma Valencia, al considerar que este es el único mecanismo legal disponible mientras la Corte retoma funciones. Según el exmandatario, durante ese periodo el Gobierno podría expedir normas con fuerza de ley sin un control institucional inmediato.
Preocupación por emergencia económica en Colombia
La preocupación del Centro Democrático se centra en el Decreto 1390, expedido el 22 de diciembre, que otorga al presidente facultades legislativas por 30 días. Este plazo coincide casi por completo con el receso de la Corte, lo que, según la oposición, abriría la puerta para impulsar una reforma tributaria por decreto, tras el fracaso de la iniciativa en el Congreso.
Por su parte, la Corte Constitucional explicó que, aunque la Constitución ordena revisar automáticamente este tipo de decretos, dicho control debe ajustarse a las normas que regulan el funcionamiento judicial durante la vacancia. En ese sentido, aclaró que no habrá un pronunciamiento de fondo hasta que se reanude la actividad ordinaria.
El alto tribunal recordó un precedente de 2009, durante el gobierno de Uribe, cuando una emergencia social declarada en diciembre también fue revisada solo después del receso judicial. Con ese antecedente, la Corte justificó el aplazamiento actual.
Entre tanto, el Gobierno explicó que la emergencia económica busca recaudar $3,3 billones para la vigencia 2026, recursos destinados a cumplir una orden judicial relacionada con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud. Según el decreto, equiparar la prima del régimen subsidiado al 95% del contributivo implica un aumento significativo del gasto público.