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Colombia

Senado aprobó debate de control político por emergencia económica

La propuesta del debate político a la iniciativa del Gobierno Petro fue el senador opositor Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Senado aprobó debate de control político por emergencia económica

Imagen de referencia del Senado de la República. // Foto: Colprensa.

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La sesión extraordinaria del Senado de la República en donde se anunció la votación de los ascensos en las distintas fuerzas armadas, fue aprovechada por los senadores de los diferentes partidos, tanto del Gobierno y en especial de la oposición para hablar de la emergencia económica que decretó el presidente de la República, Gustavo Petro.

La decisión más importante en la misma fue la aprobación de debate de control político al Ejecutivo para que informe las razones por las cuales se recurrió a la emergencia, que en criterio de muchos congresistas no amerita hechos sobrevinientes como ordena la norma constitucional.

¿Por qué se tomó esta decisión en el Senado?

Quien presentó la propuesta del debate fue el senador opositor Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical, quien sostuvo que “he radicado una proposición de control político para que, cuanto antes, podamos citar al Senado y hacer un análisis de lo que viene sucediendo en materia económica en el país, no solo el decreto también el empréstito de 23 billones de pesos con un entidad no idónea y casi que en el secretismo”.

Carlos Fernando Motoa, senador de la República por el partido Cambio Radical. // Foto: Colprensa - Mariano Vimos.
Carlos Fernando Motoa, senador de la República por el partido Cambio Radical. // Foto: Colprensa - Mariano Vimos.

Motoa, quien es además quien encabeza a la lista de Cambio Radical para la elección del Senado el otro año, indicó que “no podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta Corporación, se vulnera principios democráticos y se desconoce la decisión del Congreso. Por eso se debe convocar de forma urgente”.

El presidente del Senado, Lidio García, quien fue cuestionado por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, por haber anunciado que en esta sesión se hablaría de emergencia económica, indicó que “la democracia es para protegerla, el Gobierno ha dicho que hasta que esté el informe no se puede hacer control político, pero sí se puede hablar del tema, esperemos el día 40 para el informe del Gobierno. No quiero poner piedras en el camino, sólo que el Senado se pronuncié”.

Lidio García, presidente del Congreso. // Foto: Julio Castaño - El Universal
Lidio García, presidente del Congreso. // Foto: Julio Castaño - El Universal

El senador conservador Efraín Cepeda manifestó que “esta medida busca, de forma indirecta y discreta, imponer normas que el Congreso rechazó expresamente. Es especialmente grave que se haya adoptado aprovechando la vacancia judicial y el receso de la Corte Constitucional. Además, los recursos buscados representan apenas un porcentaje mínimo del presupuesto nacional —menos del 3%—, fácilmente obtenibles mediante un recorte racional del gasto público, en particular eliminando cientos de miles de órdenes de prestación de servicios sin funciones esenciales”.

A su turno el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) defendió la emergencia económica diciendo que “es el debate económico más importante de estos días, son las medidas más necesarias. Lo mismo dijeron hace dos años cuando hubo un aumento salarial importante. Lo que se ha venido demostrando es el fracaso de las tesis neoliberales”.

El senador del Partido de la U Antonio José Correa cuestionó que se quiera abrir el debate de la emergencia económica cuando no se puede hacerlo, “hoy no podrá ser por tema constitucional y no político, la Corte Constitucional fijó el límite de esa discusión, se debe esperar al informe motivado y con las normas que se han fijado”.

En la sesión igualmente se aprobó una proposición de la senadora Aida Avella (Pacto Histórico) para citar al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, para que responda por los contratos multimillonarios en el último año para acreditar y capacitar a los testigos electorales.

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