El Gobierno nacional confirmó que evalúa eliminar la prima especial de servicios que reciben actualmente los congresistas, un beneficio que hoy representa un ingreso adicional de 11 millones de pesos mensuales y que podría dejar de pagarse a partir del próximo año.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en la que ambos defendieron el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026. Con ese ajuste, el salario mínimo quedaría en 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte.
Ávila explicó que la prima fue creada en 2013 mediante el decreto 2170, con el objetivo de cubrir los gastos de instalación de los congresistas que no residían en Bogotá. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese pago se extendió a todos los parlamentarios. Lea: Salario mínimo 2026: servicios que subirán en Colombia tras el aumento del 23%
“La prima especial de servicios, que fue establecida por el Gobierno Santos, en el decreto 2170 de 2013, tuvo la intencionalidad, como muchas de las cosas que pasan en el país, de atender una necesidad de costos de instalación de los congresistas que estaban fuera de Bogotá. Al poco tiempo, ese mismo beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas”, señaló el ministro.
Según el Ministerio de Hacienda, este ingreso se convirtió en un costo fijo que, por la indexación salarial, ya alcanza los 11 millones de pesos mensuales. Esto eleva el salario total de los congresistas a cerca de 52 millones de pesos al mes.
El costo fiscal que evalúa reducir el Gobierno
El ministro Ávila afirmó que la eliminación de esta prima hace parte del análisis de gastos que adelanta el Ejecutivo. Al multiplicarse por los 302 congresistas, el pago representa alrededor de 3.322 millones de pesos mensuales, una cifra que el Gobierno busca recortar dentro de su estrategia de ajuste presupuestal.
Por su parte, el ministro de Trabajo reconoció que el aumento del salario mínimo tendrá impacto en las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Por ley, los congresistas pueden destinar hasta 50 salarios mínimos mensuales para el pago de su equipo de trabajo, lo que con el nuevo salario mínimo podría llegar a cerca de 100 millones de pesos.
Sanguino señaló que, ante este escenario, el Congreso debería revisar ese tope legal, en medio del debate sobre el uso de los recursos públicos y la coherencia entre los ajustes salariales y las medidas de austeridad.