El Gobierno del presidente Gustavo Petro comienza el año 2026 en medio de un panorama crítico de orden público en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33, estructura disidente adscrita al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), han intensificado la violencia y profundizado la crisis humanitaria en esta subregión del nororiente del país.
A casi un año de que el Catatumbo se consolidara como uno de los principales escenarios de vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la situación sigue lejos de estabilizarse.
Las disputas territoriales, el uso de artefactos explosivos, la presencia de drones y la toma de poblaciones mantienen a comunidades enteras bajo un clima permanente de temor, con un control estatal limitado en amplias zonas rurales. Lea: Pánico en el Catatumbo el último día de 2025: combates entre ELN y disidencias Farc
Mientras gran parte del país recibe el nuevo año en reuniones familiares y celebraciones, en municipios como Tibú, Teorama, Convención y El Tarra, cientos de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares para salvar sus vidas.
Los reportes más recientes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de más de 300 personas desplazadas, el cierre de vías estratégicas, restricciones a la movilidad y bloqueos a misiones médicas, lo que agrava la situación de la población civil.
“La situación en el Catatumbo sigue crítica. El día de hoy han llegado desplazadas a Cúcuta al menos 100 familias y 15 a Ocaña. Ellas se suman a las que habían llegado desplazadas en los días pasados, a quienes han llegado al casco de Tibú y a quienes no pueden salir por el uso de drones, la toma de poblaciones y los combates que persisten”, señaló la defensora del pueblo, Iris Marin.
Las alertas institucionales advierten que el impacto es especialmente grave para comunidades campesinas e indígenas, así como para niñas, niños, personas mayores y líderes sociales, quienes permanecen en alto riesgo ante la continuidad de las hostilidades.
Medidas del Gobierno y despliegue militar en Norte de Santander
Frente a este escenario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú, con participación de la Gobernación de Norte de Santander, alcaldías locales y el Ministerio Público, con el objetivo de monitorear las afectaciones y coordinar respuestas institucionales.
“Nuestra Policía reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el Ejército en zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano. Asimismo, desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad”, señaló el jefe de la cartera de defensa.
A la zona también se desplazó la nueva cúpula militar, encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, junto al general Carlos Fernando Silva Rueda, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional.