El Gobierno Nacional puso sobre la mesa una propuesta que podría impactar directamente el bolsillo de todos los usuarios del servicio de energía eléctrica en Colombia. A través de un borrador de resolución, el Ejecutivo plantea un aumento temporal en la tarifa con el fin de recaudar recursos para cubrir las deudas acumuladas por empresas del sector que se encuentran actualmente bajo intervención estatal.
Por primera vez, el Ministerio de Minas y Energía reconoce la existencia de un “riesgo sistémico” en el mercado eléctrico colombiano y la necesidad de evitar afectaciones en la prestación del servicio.
La medida contempla un recargo de 8 pesos por kilovatio-hora para todos los usuarios del país, sin distinción de estrato socioeconómico ni de tipo de consumidor. El objetivo central es cerrar el déficit financiero de Air-e, la empresa encargada de la distribución de energía en la región Caribe, que permanece intervenida desde septiembre de 2024. De acuerdo con el documento, la deuda de la compañía supera los dos billones de pesos, un monto que el Gobierno busca cubrir mediante este ajuste tarifario a nivel nacional.
Esto significa que la crisis financiera de Air-e no se limita a una problemática regional, sino que podría afectar a toda la cadena del sector energético. Según cifras de XM, administrador del mercado, esta empresa representa el 11,4% de la demanda nacional de energía.
La falta de pago de la intervenida ya tiene efectos sobre nueve plantas térmicas, fundamentales para garantizar el suministro durante periodos de sequía. Sin los recursos adeudados, estas centrales enfrentan dificultades para adquirir combustibles, lo que compromete la confiabilidad del sistema eléctrico en escenarios de crisis climática.
¿A qué estratos les aumentaría el cobro de la luz en Colombia?
El incremento propuesto equivaldría aproximadamente al 1% del valor actual de la tarifa. A diferencia de otros esquemas, se aplicaría de forma generalizada a hogares, empresas e industrias.
Además, la resolución concede un plazo de seis meses a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para diseñar un mecanismo permanente que prevenga futuros riesgos sistémicos.
El texto también habilita ajustes regulatorios para reconocer la energía firme proveniente de fuentes solares y eólicas.
Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que aún no hay una fecha definida para la entrada en vigencia de este cobro adicional en los recibos de energía.