La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia radicó este martes una petición formal ante la Corte Constitucional para suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica.
Paloma Valencia solicita suspender el Decreto 1390 ante la Corte Constitucional
La solicitud fue dirigida al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis, quien asumió el expediente RE-387 tras el reparto realizado al finalizar la vacancia judicial. Según Valencia, el Ejecutivo activó el régimen excepcional sin los requisitos constitucionales y con el fin de imponer una reforma tributaria por decreto, evitando el debate democrático en el Congreso.
La senadora asegura que no existe un hecho sobreviniente que justifique la emergencia
En su escrito, Paloma Valencia calificó como “manifiesta” la vulneración a la Constitución de 1991, al señalar que la situación financiera del sistema de salud no constituye un evento inesperado, grave o intempestivo.
“No hay un hecho grave ni intempestivo. El Gobierno acudió a esta herramienta sin fundamento jurídico para imponer su tributaria por decreto”, afirmó.
La congresista sostuvo que la declaratoria de emergencia carece de sustento fáctico y jurídico, pues el déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —argumentado por el Gobierno— proviene de un fallo judicial emitido en febrero de 2025, lo que, según ella, no puede considerarse una crisis repentina.
La petición se basa en precedentes de la Corte y advierte riesgos institucionales
En su solicitud, la senadora invocó los criterios del Auto 272 de 2023, pidiendo aplicar una medida cautelar excepcional ante lo que la oposición considera un “daño institucional irreversible”.
Valencia argumentó que los efectos del decreto “son automáticos, intensos e irreversibles”, lo que podría dejar sin sentido un eventual fallo de fondo si este se emite cuando la norma ya haya surtido efectos fiscales y políticos.
Llamado a proteger la supremacía constitucional
“La activación del régimen excepcional del artículo 215 de la Constitución, cuyos impactos institucionales, fiscales y democráticos se proyectan desde el mismo momento de su expedición, tornan indispensable la medida cautelar”, afirmó.
La congresista advirtió que permitir la vigencia del decreto podría vulnerar el equilibrio institucional y afectar el debate democrático sobre los nuevos impuestos incluidos en la reforma.
La Corte debe decidir si congela o no la emergencia económica
La solicitud llega justo cuando los magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés inician el análisis de los decretos que conforman la emergencia.
Mientras el Gobierno defiende la medida asegurando que requiere cubrir un faltante de 16 billones de pesos en la UPC, la oposición insiste en que no hay un evento extraordinario que justifique las facultades excepcionales.
La Corte Constitucional deberá ahora determinar si accede a suspender temporalmente el decreto o si permite que continúe vigente hasta que se profiera un fallo definitivo de exequibilidad.