El abogado Germán Eduardo Castro Marín anunció este jueves que retiró la demanda de nulidad que había presentado ante el Consejo de Estado contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, luego de afirmar que recibió amenazas y mensajes de odio que comprometieron la seguridad de su familia.
La acción judicial había sido admitida por el alto tribunal, lo que le habría permitido iniciar el análisis de fondo de los argumentos técnicos y jurídicos expuestos contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional estableció un aumento de cerca del 23 % del salario mínimo para este año.
Argumentos técnicos de la demanda
Castro Marín explicó en un comunicado que la demanda —que ya estaba en trámite en el Consejo de Estado— no perseguía intereses políticos ni personales ni buscaba afectar a los trabajadores, sino que fue producto de un análisis técnico de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente que señalaba supuestos vicios de forma y motivación en el decreto.
El jurista sostuvo que el Gobierno habría aplicado criterios externos como un reporte de brecha salarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lugar de utilizar parámetros legales internos como inflación, productividad y crecimiento del PIB para justificar el aumento, lo que, según él, podría implicar una desviación de poder o falta de motivación suficiente en la decisión administrativa.
Retiro por amenazas y mensajes de odio
A pesar de que el proceso ya avanzaba en sede judicial, Castro afirmó que la escalada de reacciones en redes sociales, mensajes de odio y amenazas directas superó el ámbito del debate jurídico y puso en riesgo a su familia, lo que lo llevó a priorizar su seguridad y la de sus seres queridos por encima de continuar con la demanda.
“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar”, expresó el abogado en su comunicado, en el que además recalcó que su actuación se enmarcó en el ejercicio legítimo del derecho a acceder a la justicia y en la defensa de la institucionalidad económica del país.
Consecuencias y contexto
La acción de Castro Marín era una de varias iniciativas legales que se habían presentado contra el incremento del salario mínimo, incluyendo demandas de Fenalco y otras impugnaciones en curso ante el Consejo de Estado.
Con el retiro de esta demanda en particular, el proceso ante el alto tribunal deberá ser oficialmente cerrado por el magistrado competente. La decisión no afecta otros recursos en curso, algunos de los cuales continuarán siendo analizados por la justicia administrativa.