La Contraloría reveló este martes que la antigua guerrilla de las Farc, no entregó todos los bienes que se comprometieron a dar, para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en el mes de noviembre de 2016.
“Los bienes entregados por las Farc al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación”, expresó la Contraloría en un comunicado.
El Tribunal de Cuentas señaló que las Farc, se comprometieron a dar $12.070 millones de pesos, de los cuales sólo se han registrado $2.114 millones de pesos. Igualmente, la guerrilla manifestó que entregaría 440.020 gramos de oro y el Estado únicamente recibió 252.500, mientras que afirmó que daría 24.456 semovientes y sólo entregó 1.830.
En cuanto a los inmuebles, la Contraloría explicó que las Farc reportaron 722 unidades, de los cuales sólo recibió uno el Estado. Le podría interesar: Gustavo Petro insiste en liquidar las EPS
La reparación a las víctimas está desfinanciada
El tribunal de cuentas señaló que esto ocurre en un contexto en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, necesita $121.858 millones de pesos, para implementar el componente restaurativo y reparador de sus condenas. De ese monto, el tribunal sólo tiene disponibles $20.000 millones de pesos.
“La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP, está desfinanciada en un 83,6 % para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción”, agregó la información.
El año pasado, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las Farc por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’.
Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó “con urgencia” al Gobierno y al Congreso los $33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas.
Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras.
Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas “depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno”.