La Contraloría General de la República salió al paso de la versión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y confirmó la existencia de retrasos verificables y riesgos financieros en la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
El pronunciamiento del ente de control contradice de manera directa la postura del Gobierno, que había sostenido públicamente que el proceso avanzaba sin fallas operativas ni amenazas para la continuidad del servicio.
La posición de la Contraloría quedó consignada en una comunicación formal enviada a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mary, como respuesta al comunicado emitido por la Cancillería el pasado 19 de enero. En ese documento, el Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras sostuvo que la afirmación oficial sobre la normalidad del proceso “no se compadece con los riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos evidenciados y documentados” por el organismo de control fiscal. Lea: Así quedó el valor del pasaporte ordinario en Bolívar para el 2026
El ente fue enfático en señalar que “no es jurídicamente acertado afirmar que ‘no existen retrasos y riesgos en aspectos financieros sin el suficiente soporte que representa un riesgo puntual’”, especialmente cuando —según advirtió— existen hallazgos concretos, medibles y en desarrollo que comprometen el proyecto.
Riesgos financieros y falta de claridad en los costos
Uno de los principales focos de preocupación identificados por la Contraloría tiene que ver con la ausencia de una estimación completa de los costos del nuevo modelo. En su análisis, el organismo alertó que “incertidumbre y riesgo financiero acompañan el nuevo modelo de suministro de pasaportes por la falta de estimación completa de costos”.
A esta situación se suma un posible aumento en los gastos operativos y la exposición al riesgo cambiario, factores que podrían afectar las fuentes de financiación del proyecto e impactar directamente la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la Contraloría, estas variables financieras no han sido abordadas de manera oportuna ni integral por la Cancillería.
El documento también advierte que los retrasos en las acciones asociadas al Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 representan una amenaza para la operación del sistema y ponen en duda la sostenibilidad del nuevo esquema en el mediano plazo.
Cambios en el cronograma y tareas vencidas
En materia de tiempos, la Contraloría evidenció un “desapego a los términos y fechas originalmente previstas para estructurar e implementar el nuevo modelo”, situación que obligó al Ministerio a recurrir a mecanismos transitorios y esquemas contractuales provisionales. Según el ente de control, estas decisiones reflejan una “inoportuna persistente” en la gestión del proyecto.
El informe técnico da cuenta de “reiterados cambios en el cronograma de implementación del Modelo”, con prórrogas sucesivas en las fechas clave. Esta práctica fue calificada como un “factor de riesgo significativo” frente al cumplimiento de los plazos finales establecidos.
Entre los soportes analizados, la Contraloría identificó múltiples actividades marcadas como “ATRAZADO” en las hojas de seguimiento, incluyendo la personalización de software, la aprobación de diseños, la producción y entrega de insumos y varias fases del desarrollo del ciclo de vida del sistema. Estos hallazgos, según el organismo, confirman que existen tareas vencidas sin ejecutar y otras que se encuentran próximas a incumplir los plazos definidos.