El Ministerio de Educación Nacional confirmó que abrió un proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José por las presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales, en medio del escándalo que involucra a Juliana Guerrero, candidata al viceministerio de Juventudes del Gobierno de Gustavo Petro.
Fuentes del Ministerio de Educación le dijeron a El Tiempo que la investigación está a cargo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, que ya adelanta la recolección de pruebas para establecer si hubo incumplimiento de normas constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior. Lea aquí: Caso Juliana Guerrero: salen a la luz nuevas pruebas de compra de títulos
El pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación señala que, en el marco de las funciones que le otorga la Ley 1740, se abrió el proceso contra la Fundación San José, así como contra sus directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretario general y cualquier persona que haya ejercido funciones de administración o control en esa institución.
Investigación y etapas del proceso
La investigación comenzó con la emisión de la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual se oficializó el proceso de inspección y vigilancia. Desde entonces, el Ministerio ha venido adelantando las actuaciones administrativas requeridas, que incluyen visitas y requerimientos para verificar el cumplimiento de la normativa educativa vigente.
La cartera educativa indicó que, una vez concluida la etapa de inspección y vigilancia, y de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos por la ley, se dará a conocer oficialmente el resultado de la investigación y las decisiones que se adopten en consecuencia.
El Ministerio también aclaró que todas las actuaciones administrativas se han llevado a cabo respetando el debido proceso establecido en la Constitución Política y en las leyes correspondientes, tanto en los eventuales procesos sancionatorios como en la adopción de medidas preventivas o de vigilancia especial.
Competencias del Ministerio de Educación
En relación con la expedición de títulos profesionales, el pronunciamiento subraya que esa función recae exclusivamente en las instituciones de educación superior, en el marco del principio constitucional de autonomía universitaria. Corresponde a cada institución garantizar la aplicación de sus normas internas y las exigencias legales para la entrega de diplomas, pero estas deben coincidir con los requisitos del ordenamiento educativo nacional.
Por ello, el Ministerio de Educación insistió en que no tiene competencias para expedir títulos ni forma parte del proceso formativo de los estudiantes, y rechazó cualquier intento de vincular su nombre con actividades ilícitas relacionadas con la expedición de diplomas.