El reciente incremento del salario mínimo en Colombia empieza a generar efectos colaterales en distintos sectores, y la educación no es la excepción. De acuerdo con un análisis de la Fundación Universitaria Los Libertadores, el alza del 23% en el ingreso mínimo legal podría traducirse en un aumento aproximado del 5,10% en el valor de las matrículas tanto en colegios como en instituciones de educación superior.
La advertencia llega en un contexto económico complejo para miles de hogares, especialmente aquellos con menores ingresos, que ya enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos. Para estas familias, cualquier ajuste adicional en los costos educativos implica reorganizar sus finanzas o buscar alternativas que les permitan mantener a sus hijos dentro del sistema educativo formal. Lea: Así arranca el calendario escolar 2026 en Bolívar
Desde la institución universitaria explican que el impacto no se limita únicamente al valor final que pagan los estudiantes. El incremento del salario mínimo eleva de manera directa la carga salarial de las instituciones, así como los costos asociados a contratos de servicios tercerizados, prestaciones sociales y aportes obligatorios al sistema de seguridad social.
Acceso desigual a la educación superior en el país
La Fundación Universitaria Los Libertadores recordó que el acceso a la educación superior en Colombia continúa marcado por profundas brechas territoriales. Más de la mitad de los estudiantes, programas e instituciones se concentran en las cabeceras departamentales, lo que deja amplias zonas del país con una oferta educativa limitada.
Esta realidad se refleja en las cifras oficiales. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE correspondiente a 2024, solo el 36% de los jóvenes entre 17 y 21 años se encuentra cursando estudios de educación superior. Mientras en las principales ciudades la cobertura alcanza el 42,6%, en las zonas rurales apenas llega al 16,3%, evidenciando una desigualdad estructural que se agrava cuando aumentan los costos.
Presiones financieras para universidades y estudiantes
Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, explicó que uno de los principales problemas radica en los tiempos de ajuste financiero del sector. “El primer impacto está en la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”.
Según la directiva, esta presión financiera afecta tanto a universidades públicas como privadas, limitando su capacidad para invertir en infraestructura, investigación y programas de bienestar estudiantil. Al mismo tiempo, los estudiantes deben asumir mayores costos asociados a su proceso formativo, lo que incrementa el riesgo de interrupción o abandono académico.
Desde la Fundación insistieron en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema educativo y protejan el acceso a la educación, especialmente para las poblaciones más vulnerables. “La sostenibilidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades en Colombia dependen de una planificación que contemple estos efectos económicos y sociales. Todo bajo la premisa de que la educación es un derecho y nada ni nadie debe limitarlo”, concluyó Merchán Basabe.