La Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior y a las autoridades de Norte de Santander entregar, en un plazo máximo de diez días, un informe detallado y soportado con pruebas sobre su actuación frente a la crítica situación en el Catatumbo, tras concluir que las medidas adoptadas desde enero de 2025 no han logrado resultados duraderos y que la violencia continúa afectando gravemente a las comunidades.
Mediante el Auto 002 de 2026, las Salas Especiales de Seguimiento confirmaron que la región atraviesa uno de sus peores momentos. Aunque el Gobierno ha implementado acciones en el último año, la Corte determinó que “la crisis humanitaria continúa” y que los esfuerzos institucionales no han frenado el daño ni evitado nuevos ataques.
La confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC ha provocado:
- El mayor desplazamiento masivo registrado en la región: más de 52.000 personas.
- 21.000 personas confinadas, sin posibilidad de movilidad en sus territorios.
Corte pide explicaciones sobre la Alerta Temprana 017 de 2025
El tribunal exigió al Ministerio del Interior detallar cómo respondió a la Alerta Temprana 017 de 2025, que advertía un escalamiento de violencia en Tibú y su posible expansión a toda la zona del Catatumbo.
La Corte solicitó información precisa sobre:
- Existencia de un plan de acción integral, con fechas, responsables y líneas de ejecución.
- Sesiones, decisiones y medidas adoptadas, soportadas con documentos verificables.
- Resultados concretos, medibles y demostrables en el territorio.
El llamado también alcanza a las autoridades regionales: la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, que deberán confirmar cómo incorporaron estas advertencias en sus planes locales de prevención y manejo del riesgo.
Foco en los recursos públicos: ¿qué dinero se destinó realmente a la crisis?
Uno de los puntos más fuertes del auto judicial es la exigencia de un informe detallado sobre:
- Los recursos públicos asignados para atender la crisis.
- Montos exactos, fuentes de financiación y ejecución real.
La Corte quiere establecer si los recursos destinados corresponden a las necesidades urgentes que enfrenta la población.
Violencia creciente: ataques con drones, confinamientos y asesinatos
El documento de la Corte describe hechos recientes que evidencian la persistencia de la violencia:
- Ataques con drones en el corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra.
- Confinamiento de 6.000 personas en Tibú durante diciembre de 2025.
- Asesinatos, desapariciones y amenazas contra firmantes del Acuerdo de Paz:
- 6 homicidios
- 6 desapariciones forzadas
El tribunal exige que el Gobierno explique qué medidas diferenciales adoptó para proteger a esta población en riesgo extremo.
Prevención como eje central
La Corte reiteró que la respuesta estatal debe centrarse en la prevención, actuando antes de que ocurran nuevas violaciones masivas de derechos humanos. La orden busca establecer si las instituciones están actuando de manera coordinada y eficaz, o si los planes estratégicos quedaron en el papel mientras la crisis en el Catatumbo se agrava.