El Gobierno Nacional a través del ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, ordenó el bloqueo inmediato de las señales de celulares en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada, como medida de choque contra la extorsión y la criminalidad que se coordina desde el interior de los centros de reclusión.
En medio de la entrega de dotación de seguridad, al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en la cárcel La Modelo, el funcionario aseguró que “no puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia”.
El ministro explicó que la instrucción fue impartida directamente al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para ejecutar la medida esta misma semana, bajo la premisa de que “no hay tregua” y “no tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas”.
El ministro advirtió que la permanencia de los directores de los penales estará condicionada al orden y la legalidad dentro de los establecimientos. “Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va”, enfatizó Idárraga, quien señaló que el Gobierno no tolerará que se naturalice la extorsión ni que este delito se expanda a otros países.
En ese sentido, confirmó que establecerá contacto con autoridades de El Salvador para investigar posibles nexos criminales y determinar responsabilidades, pues consideró inaceptable que el flagelo penitenciario colombiano afecte a Centroamérica. Le podría interesar: Petro reabre el debate sobre reelección y menciona a Uribe y Santos
Dotación que costó $15.000 millones de pesos
Sobre la seguridad del personal, el funcionario vinculó la actividad delictiva interna con los ataques contra los guardias. “No puede ser que no haya una conexión entre el delito dentro de la cárcel y el atentado por fuera contra el personal directivo y de custodia”, aseguró. Para mitigar este riesgo, se formalizó una inversión superior a los 15.000 millones de pesos en elementos de protección que incluyen 315 pistolas, 400 chalecos antibalas, 324 camisetas blindadas y 2.000 máscaras de protección.
Idárraga reconoció que, aunque se firmó un acto administrativo para ampliar la prima de riesgo al personal administrativo del INPEC, las herramientas actuales “definitivamente no son suficientes para la situación que hoy afronta en materia de seguridad el personal”.
Al concluir, el ministro reiteró que el fin de la comunicación ilícita es el eje de su estrategia: “Si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar”.