La Corte Constitucional decidió suspender de forma provisional el Decreto Legislativo 1390, con el cual el Gobierno de Gustavo Petro había declarado el estado de emergencia económica y social el 22 de diciembre del año pasado. Con la medida cautelar, los impuestos y normas creados bajo esa figura quedan sin efecto mientras el alto tribunal avanza en el estudio de fondo.
Reacción del Gobierno
Desde el Ejecutivo hubo críticas inmediatas a la decisión del alto tribunal. El ministro del Interior, Armando Benedetti, consideró que este tipo de suspensión no está contemplado en la Constitución y lo calificó como un acto que desfigura la función de la Corte. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Corte “prejuzgó” y afirmó que la determinación tendría motivaciones políticas, señalando que la medida afecta impuestos que buscaban financiar políticas sociales.
¿Qué viene ahora para el Gobierno?
Tras el revés judicial, el Gobierno aún no ha definido una hoja de ruta clara para ajustar su estrategia fiscal y política. Han señalado que por ahora no se prevé un nuevo endeudamiento ni recortes importantes, y que los efectos inmediatos del presupuesto estarían asegurados hasta la conclusión de la administración actual en agosto.
De cara a los próximos meses, el Ejecutivo deberá evaluar alternativas legales y presupuestales mientras se espera la decisión de fondo de la Corte sobre la constitucionalidad del decreto.