La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la detención preventiva del excongresista Andrés Calle, al considerar que su salida del Congreso no neutraliza el riesgo para la comunidad, ya que su influencia le permitiría, en libertad, “dinamizar esa red criminal a diversos niveles”.
En una providencia de 37 páginas, el alto tribunal desestimó el argumento de la defensa según el cual la renuncia a la curul eliminaba el peligro procesal.
La Corte descarta que la renuncia elimine el riesgo
Los magistrados concluyeron que la estructura investigada opera en varios niveles y que el conocimiento que Calle tendría sobre su funcionamiento, sumado a su capacidad de influencia, le permitiría actuar “desde la informalidad”.
Para la Sala, la pérdida del cargo formal no implica la pérdida del poder real, razón por la cual la detención se mantiene como una medida necesaria.
Presunta red de corrupción pública
La Corte fue explícita al señalar que el excongresista habría hecho parte de una “red criminal de corrupción pública” y advirtió que su libertad podría facilitar la continuidad de las conductas delictivas investigadas.
Según el fallo, Calle conserva un “capital político y social significativo”, lo que le otorga una “capacidad intensa de influencia” que trasciende su rol institucional previo.
Influencia política y redes clientelares
La Sala explicó que dicha influencia favorece el acceso y funcionamiento de redes clientelares, a través de las cuales se obtienen réditos políticos o económicos, como empleos o contratos.
Estas ventajas, precisó la Corte, pueden gestionarse de manera directa o por interpuesta persona, lo que refuerza la necesidad de mantener la detención preventiva.
Víctimas concretas y daño social
El tribunal rechazó que los hechos imputados constituyan un delito abstracto. Por el contrario, identificó como víctimas a poblaciones vulnerables de La Guajira y la región de La Mojana, destinatarias finales de los recursos públicos presuntamente desviados.
“La actividad delictiva dirigida a menoscabar intereses encarnados en la base fundamental de la estructura social sí deja víctimas”, enfatizó la Corte.
Detalles del presunto pago ilegal
El expediente judicial señala que una presunta coima de $1.000 millones habría llegado a manos de Calle mediante una operación de préstamo particular, gestionada por Sneyder Pinilla.
De acuerdo con la investigación, el dinero fue transportado en maletines deportivos y bolsas de basura, antes de ser distribuido.
Entrega y origen de los recursos
Según la acusación, la entrega se realizó personalmente el 14 de octubre de 2023 en un apartamento de Montería, luego de que Pinilla coordinara por chat un encuentro en un “sitio reservado” con quien entonces se desempeñaba como presidente de la Cámara de Representantes.
Aunque el capital inicial provino de un prestamista privado con un interés del 2,3 %, la deuda fue cancelada en enero de 2024 con recursos públicos desviados del anticipo destinado a la compra de los carrotanques para La Guajira.
Configuración del delito de peculado
La Corte concluyó que los implicados conocían que el dinero tenía un “vínculo funcional” con el patrimonio de la Ungrd, lo que permitió configurar el delito de peculado, pese a la intermediación financiera utilizada.