En medio de un nuevo pulso jurídico entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional asignó al magistrado Miguel Efraín Polo Rosero el estudio de constitucionalidad del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.
El alto tribunal deberá determinar si la medida excepcional se ajusta a la Carta Política o si, como en precedentes recientes, resulta contraria a los requisitos constitucionales.
Sala Plena asigna revisión del nuevo Estado de Emergencia declarado por el presidente Gustavo Petro
El expediente, radicado bajo el número RE-390, llegó al despacho del magistrado apenas 24 horas después de la expedición de la norma.
El Decreto 0150 delimitó la emergencia a ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según el Gobierno, la declaratoria se fundamenta en un “evento hidrometeorológico atípico” ocurrido entre el 1 y el 6 de febrero, caracterizado por el choque de un frente frío con masas de aire tropical que generó lluvias superiores al 180 % de los promedios históricos del mes, de acuerdo con certificación del Ideam.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó un saldo preliminar de 252.233 personas afectadas y 69.235 familias damnificadas. El mayor impacto se concentró en Córdoba, con más de 160.000 ciudadanos en situación de desastre y pérdidas significativas en cultivos y zonas de pastoreo, lo que puso en riesgo la seguridad alimentaria regional.
El Ministerio de Hacienda sostuvo que los mecanismos ordinarios resultaron insuficientes para atender los daños en infraestructura vial, educativa y de servicios públicos. La declaratoria busca habilitar operaciones presupuestales extraordinarias para movilizar cerca de $8 billones destinados a atención humanitaria y reconstrucción productiva.
El papel del magistrado Polo Rosero
Polo Rosero, jurista nariñense que asumió su cargo en febrero de 2025 tras reemplazar a Antonio José Lizarazo, será el encargado de elaborar la ponencia que presentará a la Sala Plena.
Su elección como magistrado, concretada el 19 de noviembre de 2024 en el Senado, contó con 57 votos frente a los 47 obtenidos por Claudia Dangond. En ese momento, el presidente Petro celebró públicamente su designación, lo que generó cuestionamientos desde sectores de oposición sobre su independencia frente al Ejecutivo.
Ahora, como ponente, deberá sustanciar si el decreto cumple los requisitos fácticos y valorativos exigidos por la Constitución para declarar un Estado de Emergencia.
Precedentes adversos para el Gobierno
El análisis se produce en un contexto de decisiones recientes desfavorables para el Ejecutivo. En 2023, la Corte declaró inexequible la Emergencia Económica en La Guajira (Sentencia C-383). Además, a finales de enero de 2026, el alto tribunal suspendió provisionalmente otro paquete de decretos legislativos relacionados con impuestos al sector eléctrico y medidas en materia de seguridad.
En esos fallos, la Sala Plena argumentó que el Gobierno no logró demostrar la existencia de hechos sobrevinientes que impidieran tramitar las reformas por la vía ordinaria ante el Congreso.
Polo Rosero, quien ya integraba la Sala en esas decisiones, deberá ahora decretar pruebas, escuchar a los intervinientes y presentar un proyecto de fallo que podría avalar o tumbar la nueva estrategia de emergencia del Gobierno.
La decisión final marcará un nuevo capítulo en la relación entre la Casa de Nariño y el alto tribunal, en un momento de alta tensión institucional.