La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para apartarse del estudio de la demanda contra la reforma pensional (Ley 2381 de 2024).
La decisión reconfigura el panorama jurídico del expediente D-15989, al trasladar la responsabilidad del caso a la magistrada Paola Meneses, luego de la polémica generada por la recusación presentada por el Gobierno Nacional. Lea:Gobierno Petro logra acuerdo sobre salario mínimo 2026
Corte Constitucional de Colombia acepta impedimento de Jorge Enrique Ibáñez en demanda contra reforma pensional
La recusación fue radicada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien cuestionó la imparcialidad de Ibáñez tras sus declaraciones al diario El Tiempo.
Según el Ejecutivo, el magistrado habría vulnerado la reserva judicial y comprometido su objetividad al referirse públicamente a presuntos vicios de trámite ocurridos durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio en el Congreso, en las que se discutió la reforma.
El Gobierno solicitó que la Sala Plena resolviera primero la recusación antes de avanzar en el estudio de fondo del expediente, al considerar que las opiniones del togado afectaban la legitimidad del proceso.
La defensa de Ibáñez
En el documento presentado ante sus colegas, Ibáñez sostuvo que su entrevista no reveló información confidencial, sino que respondió a una situación ya conocida públicamente: la filtración masiva de su ponencia, que proponía tumbar la reforma, y el empate en la votación que obligó a designar un conjuez.
El magistrado aseguró que su intervención en medios se dio en calidad de presidente de la Corte y que no buscó anticipar criterio, sino aclarar un contexto que ya había sido divulgado por terceros.
Además, advirtió que la exposición mediática del caso generó un ambiente de presión externa sobre el tribunal.
Una decisión para evitar mayor desgaste institucional
Aunque defendió la legalidad de su actuación, Ibáñez reconoció que su decisión de apartarse también buscó evitar sanciones disciplinarias y nuevos conflictos institucionales.
Recordó que previamente la Sala Plena lo había separado del debate sobre la emergencia económica bajo argumentos similares derivados de la misma entrevista, lo que sentó un precedente adverso.
En su escrito, señaló que en circunstancias normales no habría presentado impedimento, pero que la sensibilidad del caso y los malestares generados dentro y fuera de la Corte lo llevaron a tomar la decisión.
El expediente queda en manos de Paola Meneses
Tras la aceptación del impedimento, el expediente D-15989 fue asignado, por orden alfabético y conforme al reglamento interno, al despacho de la magistrada Paola Meneses.
Ella asumirá ahora el estudio de la constitucionalidad del nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte, en medio de una fuerte atención pública y política sobre el alto tribunal y el futuro de la reforma pensional.