En medio de la declaratoria de emergencia económica y social para enfrentar los efectos del frente frío y el incremento de lluvias en distintas regiones del país, el Gobierno nacional expidió un paquete de decretos que ha generado debate político y jurídico. La decisión se adoptó tras el Consejo de Ministros realizado en Cartagena y fue anunciada por el presidente Gustavo Petro, quien presentó cuatro medidas normativas orientadas a atender la contingencia climática.
Entre las disposiciones dadas a conocer figura el decreto 175 de 2026, que contiene un artículo relacionado con la contratación estatal. El punto ha despertado cuestionamientos porque coincide con la entrada en vigor de la ley de garantías, norma que limita la contratación directa y los convenios interadministrativos en los meses previos a elecciones para evitar que los recursos públicos se utilicen con fines proselitistas. Lea: Gustavo Petro y su gabinete firman convocatoria a asamblea constituyente
El artículo 12 del decreto, titulado “medidas excepcionales de contratación”, establece que: “Las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para la ejecución de las medidas del presente decreto”. En el mismo apartado se indica que los procesos contractuales que se adelanten “estarán sometidas únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares”.
Adicionalmente, el parágrafo primero autoriza la adición de contratos vigentes o aquellos que se suscriban para atender la crisis, sin que opere el límite del 50 % del valor inicial contemplado en la Ley 80. En la práctica, esto permitiría ampliar el monto de los contratos más allá del tope habitual previsto en el régimen general de contratación estatal.
Contratación directa y cifras bajo la ley de garantías
La medida se conoce en un contexto de advertencias previas de la Contraloría General de la República sobre el comportamiento de la contratación estatal. El ente de control informó que en enero el Gobierno firmó 164.813 contratos por $14,9 billones, una cifra que, según su reporte, supera en 68 % los registros de la administración de Iván Duque en un periodo comparable.
De acuerdo con los datos entregados por la Contraloría, al sumar entidades nacionales y territoriales, en enero se celebraron 521.269 contratos mediante contratación directa por un valor total de $32,88 billones.
El informe también comparó enero de 2026 con enero de 2022, cuando comenzó a regir la ley de garantías antes de las elecciones de ese año. Según el organismo de control, se registró un incremento del 52,6 % en el número de contratos y del 68,2 % en el valor contratado. En enero de 2022 se suscribieron 107.971 contratos por $8,84 billones.