ICARRD+20, el encuentro que pone el agro en el centro del debate continúa en la ciudad de Cartagena entre el 24 y 28 de febrero. Este encuentro que reúne en un mismo lugar a más de 1.500 delegados de 100 países ha puesto sobre la mesa temas claves como la distribución de tierras para los campesinos y campesinas del mundo, el hambre y el cambio climático.
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presentó el informe “La situación de la tierra y la gobernanza de la tierra”, este documento pone de relieve el lento avance en la garantía de una tenencia segura a nivel mundial.
Un panorama global desigual
El informe fue expuesto por Ward Anseeuw, jefe del equipo de Tenencia de la Tierra de la FAO, en que fue enfático en que pese a los avances de las últimas dos décadas, solo el 35% de las tierras del mundo cuentan documentación formal sobre la propiedad, tenencia o derecho de uso. A ello se suma un dato alarmante: el 23 % de la población adulta mundial —más de mil millones de personas— se siente insegura respecto a su derecho sobre la tierra, una cifra que ha aumentado en los últimos años.
La desigualdad en la distribución de la tierra sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo inclusivo. A nivel global, el 10 % de las explotaciones más grandes controla cerca del 89 % de la tierra agrícola, mientras que pequeños productores, que constituyen la mayoría, acceden a superficies mínimas. Esta concentración, señala la FAO, impacta negativamente la productividad, debilita la resiliencia frente al cambio climático y profundiza la inseguridad alimentaria.
Brechas de género y territorios invisibilizados
El informe también evidencia profundas brechas de género. Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de poseer o heredar tierras y, aunque existen marcos legales que reconocen sus derechos, la implementación sigue siendo limitada. En casi la mitad de los países analizados, la brecha supera los 20 puntos porcentuales.
La situación es similar para pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Aunque gestionan alrededor del 42 % de las tierras del planeta y protegen territorios clave para la biodiversidad y el clima, solo una pequeña fracción de estos espacios cuenta con reconocimiento legal, lo que los deja expuestos a despojos, megaproyectos y degradación ambiental.
Colombia y la reforma como decisión política
Desde el escenario nacional, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, sostuvo que en Colombia la concentración de la tierra, el despojo y la informalidad agraria han sido causas estructurales del conflicto armado. “Redistribuir la tierra no es solo una decisión productiva, es una decisión democrática”, afirmó, al señalar que ampliar la ciudadanía rural y garantizar estabilidad duradera pasa necesariamente por una reforma agraria integral.
La ministra recordó que el país lleva cerca de cien años intentando redistribuir la tierra y que este proceso no puede depender únicamente de un gobierno, sino del empuje del movimiento agrario y popular. En ese sentido, hizo un llamado a los Estados para que reconozcan el mandato de las organizaciones sociales como la hoja de ruta de la ICARRD+20.