Un nuevo cruce político se desató en Bogotá tras la radicación de una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que revise presuntas inconsistencias en la financiación del acto de cierre de campaña del Pacto Histórico en la capital del país.
La petición fue presentada por el candidato a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien pidió al tribunal electoral “investigar esa campaña por pagar en efectivo y en contra de la ley el cierre de campaña del pasado viernes en la Plaza de Bolívar”. El evento al que hace referencia se realizó el 27 de febrero y congregó a simpatizantes del movimiento en el centro de la ciudad.
Como sustento de su solicitud, Briceño mencionó una factura electrónica divulgada por la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal. En ese documento se registra un pago superior a los 478 millones de pesos por conceptos relacionados con la producción del evento, incluyendo carpas, baterías sanitarias, logística, pabellones, sistemas de sonido, pantallas, tarimas, video y otros servicios técnicos. Lea: ICARRD+20: estos son los acuerdos que marcarán la reforma agraria global firmados en Cartagena
El aspirante pidió que se investigue administrativamente a César Giovanny Abadía Rojas, gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico, y que se verifique si el pago se realizó por fuera de la cuenta única de campaña, como lo exige la normativa electoral vigente. A su juicio, el caso podría constituir una posible infracción al régimen de financiación de campañas y a la administración de recursos.
CNE analiza presunta financiación irregular en Bogotá
Frente a los señalamientos, Carrascal respondió que tanto la campaña como el evento fueron financiados “con un préstamo de la cooperativa Confiar, recursos privados, reportados y auditables”, aclarando que se trataría de dos contratos diferentes.
Además, sostuvo: “El evento de la lista a la Cámara fue contratado directamente por la campaña. En nuestro evento no hubo un solo peso de recursos públicos. Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”.
La congresista también cuestionó a Briceño, al señalar que tendría “cerca de 40 estructuras publicitarias que superan el límite legal. Pauta millonaria en medios y redes”, en medio de un intercambio que ahora queda en manos de la autoridad electoral.