La Corte Suprema de Justicia decidió este miércoles 11 de marzo, enviar a un centro carcelario a los congresistas Wadith Manzur (partido Conservador) y a Karen Manrique (Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), por su presunta participación en el sonado escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La determinación fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal durante una sesión extraordinaria realizada en Bogotá.
Tras un empate en la Corte hace algunos días, la decisión la destrabaron con su voto los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado. Tras esa medida, se decidió acusar por el delito de cohecho impropio a los cinco congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Ungrd y a un excongresista.
Cabe recordar que, además de Manzur y Manrique, la Corte llamó a juicio a Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como al excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), quienes seguirán vinculados al proceso judicial.
Es importante precisar que, Manzur y Manrique fueron reelegidos como congresistas en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo de 2026.
¿Qué dice la Corte sobre la actuación de los congresistas?
La Corte detalló el diseño de una red clientelar para asegurar los votos de las comisiones económicas, una operación que tuvo como autor intelectual al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, actualmente privado de la libertad.
La investigación concluyó que la actuación de Velasco y del exfuncionario Carlos Ramón González buscó garantizar la aprobación de cupos legislativos a cambio de direccionar la contratación estatal hacia los municipios de Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, utilizando recursos de la Ungrd.
Para materializar este desvío de dineros públicos, los parlamentarios sostuvieron reuniones sistemáticas con enlaces del Ministerio de Hacienda y la Ungrd, identificadas como María Alejandra Benavides y Carolina Joya, quienes facilitaron la transacción ilegal durante el segundo semestre de 2023, definiendo los montos exactos con los que el Ejecutivo beneficiaría a los legisladores.
Manzur, quien aseguró su curul en el Senado por el Partido Conservador, negó cualquier vínculo con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y explicó que las acusaciones en su contra respondían a una estrategia para silenciar su postura como opositor del Gobierno, argumentando que su interés en los proyectos de crédito siempre fue netamente técnico.
Por su parte, Manrique, representante por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de Arauca, rechazó las afirmaciones sobre la financiación de la guerrilla del ELN con dineros públicos, calificó los señalamientos como una mentira infundada que perjudicaba a su departamento y señaló su absoluta confianza en que el avance de las indagaciones demostraría su inocencia frente al desfalco.
El senador liberal Gallo desestimó enfáticamente los encuentros clandestinos, advirtió que jamás pisó las instalaciones de la entidad de riesgo y concluyó: “Mi teoría es que soy de la oposición, mi teoría es que quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir”.
En una línea defensiva idéntica, la senadora conservadora Bitar negó haber intercedido por contratos a cambio de votos y explicó que “no he hecho ninguna gestión, en mi calidad de senadora, ante dicha entidad”.
Mientras que el representante liberal Peinado reiteró su desconexión total con la trama corrupta y señaló ante la opinión pública que siempre actuó de manera “transparente en cada una de mis actuaciones”, desmintiendo reuniones con los cerebros de la operación.
La discusión final se retomó en medio de múltiples recursos presentados por la defensa de los procesados, quienes intentaron devolver el proceso a reparto argumentando supuestos vicios de procedimiento y una presunta falta de motivaciones para dictar la cárcel, tácticas dilatorias que fueron desestimadas por los magistrados.