El caso de Catalina Giraldo Silva, una psicóloga colombiana de 30 años, ha abierto un debate nacional sobre los límites de la muerte digna y la atención a la salud mental. La joven se convirtió en la primera persona en el país en solicitar formalmente el suicidio médicamente asistido debido a trastornos psiquiátricos diagnosticados.
Su historia se conoció públicamente tras una entrevista con Noticias Caracol, en la que explicó que durante gran parte de su vida adulta ha enfrentado un profundo sufrimiento asociado con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.
Según relató, estos diagnósticos han marcado su cotidianidad con episodios persistentes de angustia emocional, sensación de vacío y dificultades para realizar actividades básicas como dormir o mantener estabilidad emocional. En la entrevista describió esa experiencia como un dolor constante que también se manifiesta físicamente.
Durante años ha seguido distintos tratamientos psiquiátricos sin lograr mejoras significativas. De acuerdo con su testimonio, ha pasado por más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Tras el fracaso de su último tratamiento en 2024, expresó que llegó a un punto límite frente a su proceso terapéutico. Lee también: Nueva ley de salud mental en Colombia: estos son los principales cambios.
El vacío legal sobre la asistencia médica al suicidio en Colombia
En octubre de 2025, Giraldo presentó una solicitud formal ante la EPS Sanitas EPS para acceder al suicidio médicamente asistido dentro del marco del derecho a morir dignamente.
Sin embargo, el 12 de noviembre la entidad respondió que el procedimiento no podía realizarse porque en Colombia aún no existen protocolos ni lineamientos claros que permitan su implementación segura dentro del sistema de salud.
Esta respuesta refleja un vacío jurídico importante. En 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido al considerar que puede formar parte del derecho fundamental a morir dignamente. No obstante, la decisión no estuvo acompañada de una reglamentación que defina cómo debe aplicarse en la práctica.
La ausencia de normas específicas ha dejado a pacientes, médicos y entidades de salud en una zona de incertidumbre legal, donde el procedimiento es reconocido jurídicamente pero aún no cuenta con protocolos clínicos establecidos.
Acción judicial busca reglamentar este derecho
Tras la negativa de la EPS, Giraldo presentó una acción de tutela con el objetivo de que la justicia ordene garantizar su solicitud y, además, obligue al Ministerio de Salud de Colombia a establecer una reglamentación clara para la asistencia médica al suicidio.
Su abogado ha señalado que el caso podría convertirse en un precedente jurídico relevante para el país, ya que permitiría definir protocolos médicos y legales que orienten a las instituciones de salud frente a este tipo de solicitudes.
También explicó que la diferencia entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido radica en quién administra el medicamento. En el primer caso lo hace el médico, mientras que en el segundo la decisión final recae en el propio paciente bajo supervisión profesional.
El papel de la familia en el proceso
Uno de los aspectos más visibles del caso es el acompañamiento familiar. La madre de Catalina, María Ángela Silva, ha respaldado públicamente la decisión de su hija y ha manifestado que comprende el nivel de sufrimiento que ha enfrentado durante años.
Para Giraldo, contar con el apoyo de su madre y de su hermana es fundamental. Su intención, según explicó, es que cualquier decisión sobre su vida se realice dentro de un proceso transparente, acompañado y respetuoso, evitando escenarios traumáticos para su familia.
El caso continúa en estudio judicial y ha reabierto en el país la discusión sobre el derecho a morir dignamente, la atención a los trastornos mentales graves y la necesidad de que el sistema de salud cuente con lineamientos claros frente a este tipo de solicitudes.
@noticiascaracol #InformeEspecial | Por primera vez en Colombia una mujer con graves trastornos mentales le solicitó al sistema de salud que le permita la muerte digna, pero no a través de la eutanasia, sino de la figura del suicidio médicamente asistido, es decir, que el médico le entregue el fármaco para interrumpir su vida, pero que sea ella quien se lo aplique. Su petición fue negada por su EPS porque este procedimiento no ha sido regulado. La paciente emprendió una batalla legal inédita y le entregó a Noticias Caracol su desgarrador testimonio. Más en noticiascaracol.com
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