En plena temporada electoral de 2026, el sistema penitenciario se ha convertido en uno de los temas más discutidos por los candidatos en Colombia. Mientras algunos proponen construir más cárceles para enfrentar la sobrepoblación, otros sostienen que el problema debe abordarse desde la raíz, atacando las causas de la criminalidad.
En medio de este debate, el país se prepara para poner en funcionamiento un nuevo centro penitenciario: el Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha, ubicado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Lea: Cárcel para hombre señalado de violentar a su exesposa con abusos
Colombia estrenará nueva cárcel en Riohacha en 2026 en medio del debate electoral sobre el sistema penitenciario
Según información conocida por El Tiempo, la obra tiene fecha prevista de finalización el 21 de junio de 2026 y representa una inversión estatal cercana a $307.969 millones.
El nuevo establecimiento está diseñado para albergar 1.722 personas privadas de la libertad, entre condenados y sindicados.
El proyecto busca aliviar la presión sobre el sistema carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que actualmente enfrenta altos niveles de hacinamiento.
De acuerdo con cifras oficiales del Inpec:
- En Colombia hay 103.543 personas privadas de la libertad.
- La capacidad de las cárceles es de 81.139 cupos.
- Esto representa una sobrepoblación del 27,6%, equivalente a 22.404 internos.
La crisis carcelaria ha sido advertida en varias oportunidades por la Corte Constitucional de Colombia, que desde 1998 ha señalado graves vulneraciones de derechos humanos en los centros penitenciarios y de detención transitoria.
Avance del proyecto y características de la nueva prisión
La infraestructura se levanta en un área cercana a 36.000 metros cuadrados y actualmente presenta un avance físico del 88%, por lo que las autoridades penitenciarias ya preparan su puesta en funcionamiento.
El complejo contará con:
- Ocho pabellones: siete para hombres y uno para mujeres
- Área de visitas
- Zona judicial y administrativa
- Auditorio y aulas de tratamiento penitenciario
- Área de sanidad
- Talleres de mantenimiento
- Lavandería y zona de servicios
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Alojamiento para la guardia penitenciaria
El proyecto también incluye muros de seguridad que separarán el complejo de la zona rural de Riohacha.
La obra es liderada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que además adjudicó un contrato de interventoría por cerca de $21.000 millones para supervisar la ejecución.
Pabellón especial para la comunidad indígena Wayuu
El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, explicó que la nueva cárcel incluirá un pabellón destinado a integrantes de la comunidad indígena Wayuu que sean procesados por la justicia ordinaria.
Este espacio funcionará como un centro de armonización cultural, con el objetivo de permitir el desarrollo de prácticas culturales propias y facilitar procesos de resocialización.
La infraestructura tendrá capacidad para 218 personas y permitirá capacitar al personal penitenciario en la atención de población privada de la libertad perteneciente a comunidades indígenas.
Espacios para mujeres privadas de la libertad
La nueva cárcel también contará con un pabellón destinado a 152 mujeres privadas de la libertad, según explicó Juan José Casasfranco, subdirector de seguimiento a la infraestructura penitenciaria.
El complejo incluirá además un Centro de Desarrollo Infantil en Establecimiento de Reclusión (Dier), diseñado para atender hasta 15 mujeres gestantes o madres con hijos pequeños.
Otro componente del proyecto es el sistema de tratamiento de aguas residuales, que permitirá reutilizar parte del recurso hídrico y reducir el consumo de agua en una región donde este recurso es limitado.
Expertos advierten que construir cárceles no resolverá la crisis
Para el experto en política penitenciaria de la Pontificia Universidad Javeriana, Norberto Hernández, la construcción de nuevas cárceles puede ser una solución temporal, pero no resuelve el problema estructural del sistema.
Según el académico, experiencias anteriores demuestran que las nuevas prisiones tienden a llenarse rápidamente, sin lograr una reducción sostenida del hacinamiento.
Hernández considera que el país debería invertir con mayor fuerza en penas alternativas y programas de reintegración social, como el trabajo comunitario o las medidas de utilidad pública.
Defensoría del Pueblo pide fortalecer la política criminal
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia señaló que la entrada en operación del nuevo centro penitenciario debe ir acompañada de una adecuada articulación institucional para garantizar condiciones dignas de reclusión.
La entidad subrayó la importancia de asegurar:
- acceso a salud y alimentación,
- programas de resocialización,
- condiciones adecuadas para la población privada de la libertad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha insistido en la necesidad de impulsar una política criminal que promueva el uso racional de la privación de la libertad y fortalezca las medidas alternativas a la prisión.
Un proyecto bajo vigilancia de la Contraloría
La construcción del establecimiento ha sido supervisada por la Contraloría General de la República de Colombia, que hasta el momento no ha encontrado irregularidades en la ejecución presupuestal.
Las autoridades penitenciarias esperan que esta nueva infraestructura contribuya a reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones del sistema carcelario, mientras continúa el debate nacional sobre el rumbo de la política criminal en el país.