La salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión no solo sacudió a uno de los principales medios del país, sino que abrió un complejo frente judicial y laboral que ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación. El caso, que surgió en medio de denuncias por presunto acoso, plantea desafíos probatorios y posibles responsabilidades para la empresa.
De acuerdo con expertos en derecho penal, el proceso apenas comienza con la recolección de testimonios y la verificación de los hechos denunciados. “La Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las diligencias de la actuación, que comienzan por ubicar a las presuntas víctimas y tomar sus declaraciones, de ahí, se adelantan las investigaciones a que haya lugar, y decide si imputa o no cargos”, explicó a Colprensa el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate. Lea: Sara Uribe lanza contundente mensaje sobre el escándalo de Caracol: “Muy cruel”
El jurista también advirtió sobre la complejidad de este tipo de investigaciones, especialmente por la necesidad de que las víctimas participen activamente en el proceso. “Los mayores retos pasan porque las víctimas efectivamente declaren tanto en la Fiscalía como ante los jueces. Para contrastar las versiones se acude a la corroboración periférica, donde se corrobora el dicho de la víctima”, señaló.
Investigación penal enfrenta retos por pruebas
En esa misma línea, el abogado Nicolás Arenas Páez subrayó que no basta con las denuncias, sino que se debe demostrar un contexto específico de poder dentro del entorno laboral. “La estructuración típica de esta conducta exige no solo la acreditación de actos reiterados o de suficiente entidad, sino también la demostración de un contexto de subordinación o asimetría que permita inferir el abuso de poder”, explicó.
De avanzar el proceso hacia una imputación formal, las consecuencias podrían ser severas. Según Bernate, “las sanciones son elevadas, y no permiten ningún tipo de beneficio, como casa por cárcel, y pueden llegar hasta los 3 años de prisión”.
Caracol podría enfrentar líos legales y laborales
En paralelo al proceso penal, la forma en que se produjo la desvinculación de los periodistas también genera debate jurídico. Mientras que en el caso de Orrego se trató de una terminación unilateral del contrato, Vargas salió mediante un acuerdo mutuo.
Para Bernate, esta diferencia no incide en el fondo del caso: “ninguna, no hay diferencia, porque lo que se investiga son los hechos, la situación no cambia según la manera en que se haya terminado el vínculo laboral”.
Sin embargo, Arenas advirtió riesgos para la empresa, especialmente en el despido del comentarista deportivo. “débil, en tanto expone a la empresa a eventuales reclamaciones laborales por despido sin justa causa, especialmente si al momento de la terminación no existe una comprobación suficiente de los hechos”, precisó.
Más allá del ámbito laboral, el foco también está sobre la actuación de la compañía frente a las denuncias. Si se demuestra que hubo omisión en la activación de protocolos internos, podrían surgir consecuencias adicionales. “Sin duda, en estos eventos la Ley 235 establece claras obligaciones para los directivos y responsables, de manera que, en el evento en que se hayan desatendido, podría surgir una obligación de indemnizar para la compañía”, concluyó Bernate.