La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que, tras cuatro meses de análisis, la Fiscalía logró verificar la autenticidad y gravedad de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados a alias ‘Calarcá’, cabecilla de disidencias de las Farc.
Los hallazgos apuntan a posibles redes de infiltración en instituciones del Estado y motivaron nuevas acciones judiciales.
Investigación por ‘Calarcá’: Fiscalía confirma veracidad de correos y abre indagaciones por presunta infiltración estatal
De acuerdo con la entrevista concedida al diario El Espectador, los equipos fueron decomisados a mediados de 2024 durante un operativo contra el grupo armado. La información, que ya había sido revelada parcialmente por Noticias Caracol, incluye correos y comunicaciones que evidenciarían vínculos con funcionarios públicos.
Entre los nombres mencionados aparecen el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, actual director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según la Fiscalía, estos archivos reflejarían un alto nivel de infiltración del grupo armado ilegal en entidades como el Ejército Nacional, la Policía, organismos de inteligencia e incluso la propia Fiscalía.
Investigación y solicitud de captura
Camargo explicó que estos hallazgos fueron determinantes para solicitar la reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, así como para abrir una investigación formal contra los funcionarios mencionados.
El caso está siendo adelantado por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
“Logramos ratificar información clave contenida en los computadores y celulares incautados, que evidencia relaciones del grupo con un general y un funcionario de inteligencia”, señaló la fiscal.
Delitos graves durante negociaciones
La revisión del material también permitió establecer que la estructura liderada por ‘Calarcá’ habría aprovechado escenarios de negociación con el Gobierno para continuar cometiendo delitos de alto impacto.
Entre los hechos documentados se encuentran homicidios ordenados desde la estructura armada, así como otras conductas consideradas incompatibles con cualquier proceso de diálogo.
Uno de los casos más graves corresponde al asesinato de un líder social, cuya orden y ejecución quedarían registradas en los chats incautados.
Contexto del caso
Cuando el escándalo se hizo público, tanto el presidente Gustavo Petro como los funcionarios señalados desestimaron la información y la calificaron como un “montaje”.
Sin embargo, con la verificación oficial de la Fiscalía, el caso toma un nuevo rumbo judicial y abre interrogantes sobre la posible penetración de grupos armados ilegales en estructuras del Estado.
Avances de la investigación
Las autoridades continúan analizando el material probatorio para establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance real de las presuntas redes de apoyo.
Este proceso podría derivar en nuevas imputaciones y decisiones judiciales en las próximas semanas, en medio de un caso que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad institucional en Colombia.