El nuevo modelo de pasaportes entró en vigencia este miércoles 1 de abril y con este el Estado colombiano pasa a ser el encargado de fabricar, personalizar y entregar este importante documento.
Actualmente, la imprenta de los pasaportes se está haciendo en la Casa de la Moneda de Portugal. El plan del Gobierno es que la Imprenta Nacional de Colombia sea la encargada del proceso dentro de 10 años.
En ese contexto, han surgido dudas sobre la viabilidad jurídica y financiera del contrato que lo respalda. Modificaciones de última hora y un proceso judicial en curso ponen en el centro del debate la ejecución del convenio suscrito por la Cancillería.
En la última semana, el contrato entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional tuvo que ser ajustado en dos ocasiones. La razón principal de estos cambios es que ninguna aseguradora privada aceptó asumir el riesgo del proyecto, lo que deja al acuerdo sin las garantías de cumplimiento exigidas por la ley. Este vacío genera preocupación sobre la seguridad jurídica del proceso en su fase inicial. Dicha información fue confirmada por la gerente de la Imprenta, Viviana León.
Obstáculos legales y financieros rodean el contrato de pasaportes en Colombia
A este panorama se suma la demanda impulsada por la Procuraduría, que busca frenar las transferencias económicas hacia Portugal. El organismo cuestiona un desembolso superior a 1,3 billones de pesos por parte de la Cancillería, argumentando una “deficiente estructuración económica del convenio”, según han señalado distintos medios.
Pese a ello, el Gobierno logró suspender temporalmente la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a las autoridades portuguesas. La defensa sostiene que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, debido a que el contrato establece que cualquier controversia debe resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional.
Asimismo, el Ejecutivo argumenta que no se cumplió con el requisito previo de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, lo que también debilitaría la validez del proceso judicial en curso.
En este contexto, el inicio del nuevo modelo de pasaportes queda marcado por la incertidumbre. Mientras avanzan los trámites legales y se ajustan los términos contractuales, persisten interrogantes sobre la solidez del acuerdo y su impacto en la prestación de este servicio esencial para los ciudadanos.