La Corte Constitucional de Colombia retomará esta semana el estudio de fondo del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, en uno de los choques institucionales más relevantes de las últimas décadas.
La Sala Plena tiene programada una sesión clave el 9 de abril de 2026, y deberá emitir un fallo definitivo antes del 16 de abril, dentro del expediente RE-387.
Corte define el futuro de emergencia económica
El origen del debate se remonta al 22 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1390, declarando el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.
La medida otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar durante 30 días, en un periodo que coincidió con la vacancia judicial de la Corte.
El entonces presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, explicó las limitaciones:
“No funcionan los sistemas, no hay personal trabajando; en esas condiciones, no es posible notificar un auto”.
Esto retrasó el control automático de constitucionalidad hasta enero de 2026.
El argumento fiscal del Gobierno
El Ejecutivo justificó la emergencia por la necesidad de cubrir un faltante de $16 billones en el presupuesto de 2026, con la meta de recaudar $11 billones mediante nuevos impuestos.
Uno de los pilares fue cumplir una orden judicial relacionada con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que requería cerca de $3,3 billones para el sistema de salud.
Sin embargo, el punto más crítico es que esa orden había sido emitida meses antes, lo que puso en duda el carácter “imprevisible” de la emergencia.
Impuestos por decreto y resistencia regional
El 31 de diciembre de 2025, el Gobierno expidió el Decreto 1474 con nuevas cargas tributarias:
- IVA del 19% a bebidas alcohólicas
- Impuestos a cigarrillos, vapeadores y juegos en línea
- Reducción del umbral del impuesto al patrimonio
- Gravamen del 1% a exportadores de petróleo y carbón
La medida generó una fuerte reacción: al menos 17 gobernadores se negaron a aplicar algunos impuestos, invocando la excepción de inconstitucionalidad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó esta postura como un posible delito de prevaricato.
Los magistrados y la decisión clave
La ponencia del caso está a cargo del magistrado Carlos Camargo, mientras que otros decretos derivados de la emergencia siguen en estudio:
- RE-388 (tributario): magistrado Juan Carlos Cortés
- RE-389 (energético): magistrado Vladimir Fernández Andrade
El fallo definirá la legalidad del uso de poderes excepcionales por parte del Gobierno.
Lo que está en juego
La decisión de la Corte Constitucional de Colombia tendrá efectos de alto impacto:
- Determinar si el Gobierno puede legislar por decreto ante bloqueos en el Congreso
- Definir el futuro de los impuestos adoptados
- Afectar la financiación del sistema de salud, con un déficit cercano a $5,95 billones
- Incidir en la estabilidad del mercado energético
Un pulso institucional decisivo
El caso representa un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y la justicia constitucional.
El fallo no solo resolverá la legalidad de la emergencia económica, sino que sentará un precedente sobre los límites del poder presidencial en Colombia.
La Corte tiene la última palabra.