La confirmación de supuestas interceptaciones telefónicas por parte de Wilmar Mejía, exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha intensificado una controversia política que ya venía creciendo tras declaraciones del presidente Gustavo Petro.
El origen de la polémica se remonta a un mensaje publicado por el mandatario en la red social X, en el que inicialmente se refería al tema de los pasaportes, pero derivó en afirmaciones sobre posibles interceptaciones. En ese contexto, Petro mencionó la existencia de informes basados en conversaciones privadas.
“Informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella”, escribió el jefe de Estado, desatando una inmediata reacción en distintos sectores políticos y sociales.
¿Qué se sabe de las interceptaciones que menciona Petro?
Según lo expresado por el presidente, los supuestos diálogos tendrían relación con un presunto acuerdo para devolver el contrato de pasaportes a manos de la empresa Thomas Greg & Sons. A cambio, se habría ofrecido apoyo tecnológico para influir en el resultado de las elecciones presidenciales.
El señalamiento provocó una ola de exigencias dirigidas al mandatario, con llamados a aclarar el alcance de sus declaraciones y a precisar si las interceptaciones existieron, bajo qué condiciones se realizaron y quiénes habrían sido los afectados.
En medio de este escenario, Wilmar Mejía intervino públicamente para respaldar la existencia de dichas interceptaciones. A través de su cuenta en X, aseguró que la información obtenida evidenciaría un plan para “robarse las elecciones de 2026”.
No obstante, el exfuncionario también introdujo un matiz relevante: afirmó que el presidente habría cometido una imprecisión al describir el origen de la información. Según Mejía, las interceptaciones contaban con respaldo legal.
“Hoy nos dimos cuenta de por qué un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos (…) en vez de escribir ‘orden judicial’, escribió ‘información de inteligencia’”, explicó, sugiriendo que hubo un error en la forma en que se comunicó el hecho.
A pesar de confirmar la existencia de las interceptaciones, Mejía evitó revelar los nombres de las personas involucradas. Sin embargo, insistió en que la supuesta imprecisión del presidente “no minimiza la gravedad de lo sucedido”.
Mientras tanto, el presidente Petro no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, lo que ha incrementado la presión de distintos sectores que exigen explicaciones claras sobre el alcance y la legalidad de estas acciones.
Uno de los señalados, el abogado Abelardo de la Espriella, respondió públicamente a las acusaciones. Negó cualquier vínculo con los hermanos Bautista y retó al presidente a presentar pruebas formales en su contra.
“Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, afirmó, al tiempo que solicitó a la Dirección Nacional de Inteligencia confirmar la autenticidad de un documento que circula en redes sociales y que sería parte de un supuesto informe.
Además, pidió a la entidad esclarecer a quiénes se les ha entregado dicha información, en medio de preocupaciones sobre el manejo de datos sensibles y su posible uso político.