La situación judicial del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, dio un giro reciente luego de que la Interpol suspendiera la orden de captura internacional en su contra. Sin embargo, lejos de significar un regreso inmediato a Colombia, el exfuncionario decidió permanecer en Nicaragua, donde mantiene su condición de asilado político.
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EFEDe acuerdo con la información revelada por Semana, González continuará en Managua, capital hondureña, en medio de la incertidumbre jurídica que rodea su caso. Aunque la medida de Interpol representa un alivio temporal, su entorno considera que la orden podría reactivarse en cualquier momento, lo que influye directamente en su decisión de no salir del país centroamericano.
Un segundo factor determinante es la protección que le otorgó el Gobierno de Nicaragua. El asilo político fue concedido el 20 de agosto de 2025 por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos, Iván Lara Palacios, lo que le brinda garantías que perdería en caso de abandonar ese territorio. Lea: Interpol levanta la circular roja contra Carlos Ramón González
En el documento conocido en su momento por Semana, González justificó su solicitud de asilo argumentando que “su vida estaba amenazada, su integridad física, seguridad y libertad”. Esta declaración fue clave para que el régimen de Daniel Ortega aceptara su petición de protección.
La noticia sobre la suspensión de la circular roja fue recibida con optimismo por el exfuncionario. Coincidió, además, con otra decisión judicial relevante: el Tribunal de Bogotá otorgó la libertad al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por el mismo escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Según la Fiscalía, González ha sido señalado como uno de los presuntos cerebros del entramado de corrupción en esa entidad. No obstante, su defensa insiste en que su situación jurídica es distinta a la de otros implicados en el caso.
El abogado Iván Cancino explicó que en este proceso no se configura un vencimiento de términos, ya que su cliente no se encuentra privado de la libertad. Además, subrayó que actualmente González no figura en la circular roja de Interpol.
“En términos de derecho internacional, González no es considerado un prófugo sino un asilado político”, afirmó Cancino, quien ha defendido la legalidad de la permanencia de su cliente en Nicaragua. Le puede interesar: Investigan apoyo de funcionarios para residencia de González en Nicaragua
El jurista también confirmó que la suspensión en Interpol obedeció a errores detectados por un grupo de abogados ante la sede del organismo en Lyon, Francia, lo que permitió desmontar la alerta internacional de manera temporal.
La participación de Carlos Ramón González en el caso Ungrd
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una “organización criminal”, como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Algunas de ellas entregadas a congresistas para precisamente abrirle camino a esas reformas en el legislativo.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra. Según la investigación, la mayoría terminó en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas. Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de la Guajira.
En ese contexto, y en medio de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a ese departamento, le solicitó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, coimas obtenidas ilícitamente de ese convenio para que respaldaran iniciativas del gobierno en el Congreso.
Concretamente, $3.000 millones a Name a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Calle por presunta orden directa del exdirector del Dapre. Para probarlo, la Fiscalía tiene pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño.
En la primera realizada en septiembre de 2023, Carlos Ramón González le habría recomendado al entonces director de la Ungrd: conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Congreso y la Cámara, pero ante el poco tiempo para lograrlo ordenó entregarles 4.000 millones de pesos. En la segunda, habría consolidado su papel como el cerebro de la estrategia ilegal. Dando instrucciones concretas de las reuniones que debían hacerse para que se entregaran contratos y coimas a cambio de apoyo político.
Para probarlo, la Fiscalía presentó este viernes pruebas en su contra. Entre ellas, una declaración de Olmedo López en la que narra cuáles fueron las órdenes que recibió por parte del exdirector del Dapre.
“Se aprovechaban los tiempos de los Consejos de Ministros (....) Me dijo que tenía que cumplir con unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara: $60 mil millones a Name y un poco más de $10 mil millones a Calle en contratos”, explica López quien añadió su versión acerca de que ante el poco tiempo que tenían acordaron la suma de $5.000 millones a ambos.