La Procuraduría General de la Nación exigió a la Superintendencia Nacional de Salud que, en un plazo de tres días hábiles, informe si aún existen razones legales para mantener la intervención del Gobierno sobre Nueva EPS, la entidad con más afiliados en el país.
La solicitud se da luego de que la medida de intervención venciera el pasado 2 de abril.
A través de un documento dirigido a Luz Marina Múnera, superintendente de Salud encargada del caso de Nueva EPS, la procuradora delegada, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, presentó siete preguntas concretas que Supersalud debe responder con documentos de respaldo.
Nueva EPS: lo que la Procuraduría le pide a la Superintendencia de Salud
La Procuraduría General de la Nación puso el foco en una pregunta clave: si la Nueva EPS aún presenta las fallas financieras, administrativas y jurídicas que llevaron al Gobierno a intervenirla.
En ese sentido, el ente de control solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud entregar informes internos de seguimiento, actas de reuniones relevantes y reportes de la funcionaria encargada de vigilar las finanzas de la EPS durante la intervención. Entre estos documentos, se incluye un informe correspondiente a febrero de 2026 que debía entregarse el 10 de marzo, pero que, según se conoció, no fue presentado a tiempo.
Nueva EPS ya no está intervenida, pero su futuro sigue sin definirse
Los reportes revisados evidencian que la entidad mantiene problemas en varias áreas que no han sido solucionados, pese al tiempo que lleva bajo control estatal.
En el manejo de los recursos, se advierte que la EPS no ha implementado controles efectivos sobre los dineros que recibe. Además, prácticas como los pagos anticipados a clínicas y médicos —que deberían ser excepcionales— se habrían vuelto recurrentes para cubrir fallas en la prestación del servicio y responder a procesos judiciales.
En cuanto al procesamiento de cuentas médicas, hasta agosto de 2025 se utilizó un sistema manual que generaba demoras y errores. Aunque posteriormente se adoptó una nueva herramienta, los retrasos acumulados persisten y el sistema aún no logra estabilizarse.
El panorama tecnológico también es crítico. Los informes describen infraestructura desactualizada, debilidades en seguridad informática, fallas en la facturación y dependencia de un único centro de datos, lo que aumenta los riesgos ante posibles incidentes. Incluso, el manejo de giros de recursos continúa realizándose en hojas de cálculo.
Finalmente, en materia de contratación, se identificaron irregularidades como acuerdos verbales con proveedores y una alta concentración de contratistas, factores que incrementan los riesgos legales, financieros y reputacionales para la entidad.