La creciente inconformidad ciudadana por el alza en los avalúos catastrales provocó una reacción coordinada de los alcaldes del país, quienes marcaron distancia frente a la responsabilidad de estos incrementos y exigieron al Gobierno nacional una solución inmediata basada en criterios técnicos.
La Federación Colombiana de Municipios fue enfática al asegurar que los mandatarios locales no han intervenido en la fijación de los nuevos valores. Según explicó, el origen del problema radica en la aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, una disposición definida desde el nivel central.
En su pronunciamiento, la entidad planteó como medida urgente la activación en todo el territorio nacional de la Resolución 0384 de 2026 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
Esta iniciativa incluiría un cronograma de ejecución hasta el 30 de junio, con el fin de revisar de manera regional los casos atípicos generados por el cálculo automático de los avalúos. Lea: Levantan bloqueos por cobro de avalúos catastrales: hay acuerdos
La propuesta se enfoca en corregir inconsistencias detectadas en la implementación del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, especialmente en aquellos predios donde los incrementos han sido considerados desproporcionados por los ciudadanos.
¿Quién es responsable de los aumentos en los avalúos catastrales?
La Federación también solicitó que los municipios que no recibieron las bases catastrales actualizadas al 31 de diciembre de 2025 puedan aplicar los efectos de las Resoluciones 1939 y 2057 de ese mismo año. Esta medida se extendería hasta el 1 de enero de 2027 como mecanismo de transición.
El sustento jurídico de esta petición se encuentra en el artículo 12 de la Resolución 1912 de 2024 del Igac, el cual establece que “los valores catastrales resultantes del ajuste automático (…) entrarán en vigencia a partir del 1º de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales”.
En paralelo, la Federación anunció que tramitará un derecho de petición ante el Igac para obtener una certificación oficial que precise la fecha exacta en que dichos valores fueron incorporados en las bases de cada municipio.
“Es fundamental que el país entienda que esta situación no es atribuible a los alcaldes”, afirmó la organización, al insistir en que los incrementos responden directamente a decisiones del Gobierno nacional que hoy generan impactos profundos en los territorios.
Los alcaldes, por su parte, reiteraron que han actuado conforme al marco legal vigente y que no tienen competencia para modificar estos incrementos de manera discrecional, lo que limita su capacidad de respuesta frente al descontento ciudadano.
“Hacemos un llamado firme al Gobierno nacional (…) a no seguir evadiendo su responsabilidad”, expresó la Federación, que además pidió frenar la “desinformación y la estigmatización injustificada” contra los mandatarios locales.
Finalmente, la entidad insistió en la necesidad de instalar mesas de diálogo urgentes con el Ejecutivo para revisar los aumentos, especialmente en zonas rurales y entre pequeños propietarios, y reiteró que “la solución debe ser técnica, concertada y responsable”.