La decisión de la Corte Constitucional de ordenar la devolución de recursos recaudados durante la emergencia económica de diciembre de 2025 ha generado expectativa entre contribuyentes. Sin embargo, el alcance real del reintegro será mucho menor al esperado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que solo devolverá $57.000 millones, una cifra que contrasta con los cerca de $1,69 billones recaudados durante la vigencia de las medidas.
La diferencia radica en la naturaleza de los ingresos. De acuerdo con el director de la entidad, Carlos Betancourt, la mayor parte del dinero corresponde a alivios tributarios ya ejecutados, lo que impide su devolución. En concreto, alrededor de $1,63 billones provinieron de mecanismos que incentivaron el pago de deudas bajo condiciones especiales.
¿Por qué la DIAN no devolverá todo el dinero recaudado?
Estos alivios permitieron a miles de contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones fiscales, configurando lo que jurídicamente se conoce como una “situación consolidada”. Esto significa que los pagos realizados bajo estos beneficios no pueden ser reclamados posteriormente. Según la entidad, más del 96% de los recursos recaudados entra en esta categoría.
¿Cómo se hará la devolución del IVA?
En contraste, los montos que sí serán devueltos provienen de impuestos específicos. Entre ellos se encuentran el impuesto de estabilidad fiscal aplicado a exportaciones de hidrocarburos y carbón, el IVA en compras internacionales de bajo valor (minimis) y, en menor proporción, el IVA en licores y apuestas en línea. Dentro de estos rubros, destacan cerca de $24.000 millones asociados a estabilidad fiscal y unos $14.000 millones por importaciones de bajo valor.
Uno de los puntos que más inquieta a los consumidores es la devolución del IVA en licores. En estos casos, el proceso dependerá de contar con factura electrónica. Quienes declaran renta podrán ver reflejado el monto como saldo a favor, en lugar de recibir un reembolso directo, lo que limita el acceso efectivo al dinero.
En cuanto a las compras por internet, el proceso será aún más complejo. Los usuarios deberán gestionar la devolución directamente con los operadores logísticos, lo que implica trámites individuales. Según explicó Diego Solano, al tratarse de un impuesto indirecto, el solicitante debe demostrar que asumió el costo final, lo que exige documentación como facturas, certificaciones y extractos bancarios.
Este nivel de exigencia, sumado a los bajos montos a recuperar, podría desincentivar las reclamaciones. “Estamos ante un escenario en el que, aunque la devolución esté habilitada, la recuperación real será mínima”, advirtió Solano.
Finalmente, la DIAN prevé una baja participación ciudadana en estos procesos. La complejidad de los trámites y el reducido beneficio económico hacen prever que una parte importante de los recursos no será reclamada, pese a que existen mecanismos formales para hacerlo.